Presiones y operetas. Siguiendo las peores mañas del sciolismo (y sobre todo de su líder naranja), los operadores provinciales del PRO usan el multi Ladrey para desgastar al intendente Arroyo. Dos días de publicaciones surgidas de la OPDS buscaban instalar la incompetencia comunal sobre la operación en el predio de disposición final de residuos, al que la curul Mercedes Morro describió como “un sitio infame”. La atribulada Mercedes debió decir que era la primera vez en su vida pública que concurría al lugar, al que ignoró como tantos, funcionarios o no. La comuna respondió en conferencia de prensa, señalando que el 29 de septiembre del año pasado, la OPDS aprobó un proyecto preliminar -presentado en tiempo y forma por el EMSUR- para el tratamiento de la basura. Ahora, cabe preguntarse el por qué del disgusto de la OPDS para con el Ejecutivo comunal marplatense: hay que abstraerse de la sigla, y ver quién maneja este organismo del Estado. Su actual presidente es Rodrigo Aybar, ex director del CGP Comunal 14, quien prolonga la vieja tradición de nombrar porteños en cargos de la provincia de Buenos Aires.
Articuladores de la infamia. En una entrevista brindada a un medio de Capital Federal hace algunos años, Aybar, que posee nula experiencia en materia medioambiental, explicó que viene de formar el Círculo Político de la Pastoral Universitaria de Buenos Aires, en comunión con los grupos religiosos que pululan por la UCA. E hizo fuertes declaraciones de gran contenido político durante el final del primer gobierno kirchnerista, como por ejemplo: “Por la noche, elijo caminar por Palermo Hollywood”. El entramado del PRO en materia de negocios ambientales es extenso. El secretario general de los trabajadores del CEAMSE es Jorge Omar Mancini, legislador provincial que integra la bancada liderada por Maxi Abad y cultiva relación fluida de tiempo con Juan Aicega. Aybar no pone la cara; este medio ha buscado entrevistarlo en innumerables oportunidades, y su respuesta es “tengo que pedir permiso y les aviso”, permiso que aparentemente no obtiene o jamás le llega.
Desafíos y diferencias. En tanto en Mar del Plata el índice de inseguridad baja sostenidamente, en Quilmes, al intendente PRO Martiniano Molina no le va nada bien. Con una diferencia a su favor: el marketing con el que llegó a la función pública y aún sostiene hace que el tema se disimule. Según se establece en medios del Gran Buenos Aires, Martiniano ya relevó a seis secretarios de Seguridad. El último, Matías Zarco, se fue envuelto en un escándalo tras la denuncia que señalaban que efectivos locales -“los pitufos”- cobran entre 2 mil y 3 mil pesos por semana para brindar seguridad privada a diferentes locales. También se fueron los implicados en la maniobra: el subcomisario Pablo Fuchs, el oficial principal Leonardo Litvachkes y el oficial inspector Álvaro Magallanes Arostegui. Martiniano goza del blindaje mediático con que los generosos acuerdos económicos vía la Gobernación protegen a unos y denuestan arteramente a otros.
Nuevo y bonito. La presentación de los nuevos micros que hacen a la renovación de la flota en Mar del Plata dio el curioso espectáculo de medios rodeando al intendente y funcionarios y el rol menor por cierto de una desubicada que sacaba imágenes con el celular al tiempo que gritaba “¡decí si vas a aumentar el boleto!”. Algo así sólo pasa en una ciudad en donde el diálogo político es tan pobre que hace de un precio de la economía el falso centro del debate.