De amor y poder. Es una de las delicatessen que corren por todo el sistema bancario: la relación entre el presidente del BAPRO Juan Curuchet (no confundir con el ciclista senador) y Emilia Jaime, asesora y asistente especial con jornada extendida. Jaime ingresó en 2016 con un ya respetable sueldo de 35.000 pesos; en un rush salarial -que ya quisiera para sus afiliados La Bancaria- en sólo 4 meses pasó a 65.000, y en 2017 coronó, al acceder a un salario de ochenta y cinco mil mensuales. Como era poco, dado el esfuerzo que demanda el rol, la nombraron subgerente de Comunicación Institucional, con lo que su sueldo alcanzó los 130.000. El cotilleo en el ambiente del banco es tremendo, pero Curuchet parece no darse por enterado y menos aún por afectado. Total, la sonrisa de MEV todavía lo tapa casi todo.
Definiciones y denuncias. Pasó por Mar del Plata el ministro de Justicia Germán Garavano, y dejó definiciones terminales sobre Daniel Adler, señalando que sólo se ocupó de causa urgidas por determinaciones políticas y ninguna acción al respecto de narcotráfico o delincuencia en general. De todos modos, no es lo único que acontece en el barrio. Tal como fuera publicado oportunamente por este medio, hay tensión ya insoportable y denuncia en ciernes contra la fiscal Laura Mazzaferri por las designaciones de Martina Garra y Diana Arias en cargos que sólo corresponden por ascensos o promoción propios de la carrera judicial. Esta situación ha provocado que el prosecretario más antiguo de la dependencia, José Luis Roncari, decidiera solicitarle de manera inmediata e indeclinable su traslado al Procurador General interino Eduardo Casal. Días más tarde, se le sumó un pedido de carpeta psiquiátrica solicitada por el otro prosecretario de la Fiscalía Federal N° 1, Mariano Villa. Ambos se encuentran a la espera de una respuesta desde la Procuración General de la Nación. Los involucrados han hecho saber que para nada quieren traslado a la fiscalía de Adler, que hoy es el equivalente a un leprosario en el ambiente judicial.
Interrogantes. Continúa la saga creada por el Gobierno provincial al negar, por medio del secretario de Seguridad Cristian Ritondo, la seguridad para el recital de La Renga en el Estado Mundialista de Mar del Plata. Ritondo elude lo que es su responsabilidad primaria, dar cobertura fuera del estadio a la sociedad que con sus impuestos paga su salario y el de la policía. El motivo que la política da en trastienda es que hay una orden directa de la Gobernadora para complicar al intendente Carlos Fernando Arroyo, que no se rinde y sigue insistiendo en que se va a presentar a elecciones en 2019. ¿La solución? Que el organizador le pida a Guillermo Montenegro que interceda y se lleve todo el crédito. Penoso.