Todo arreglado. Fabián Uriel Fernández Garello había convencido a sus acólitos directos de que “lo suyo” —léase la denuncia por delitos de lesa humanidad cometidos mientras era agente encubierto de la DIPBA en los años de la dictadura— era un tema terminado. Sin embargo, la citación para que se presente ante la jueza Alicia Vence, de los tribunales de San Martín, tiene fecha cierta: 9 de agosto. Alicia Vence fue durante seis años secretaria del juez federal de la Capital Federal Claudio Bonadío, con quien, además, coescribió artículos en publicaciones jurídicas. Desde 2011 es titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín.
Quién es la jueza Vence. Nació en 1967 en Morón, y se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires en 1991. Accedió a su primer cargo en la función pública en septiembre de 1989, cuando ingresó como empleada a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, por ese entonces a cargo de Alberto Kohan. Trabajó en esta dependencia hasta 1993, cuando el secretario era Eduardo Bauzá. Ingresó al poco tiempo al servicio de justicia. Ocupó distintos cargos en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital Federal, hasta que tres años más tarde se mudó al Juzgado Federal a cargo de Bonadío, donde llegó hasta el cargo de secretaria. En el año 2003 asumió como secretaria letrada de la Procuración General de la Nación, donde permaneció por ocho años. Fue, además, docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en el Colegio Público de Abogados de la misma ciudad.
Algo más. Alicia Vence llegó a jueza luego de participar del Concurso 236 del Consejo de la Magistratura, en el que quedó tercera en la terna detrás del juez federal subrogante de Morón Juan Pablo Salas y el defensor oficial Néstor Pablo Barral. Entre sus fallos destacan la investigación contra el dirigente ferroviario Rubén Sobrero, acusado de instigar la quema de vagones en la estación de Haedo en mayo de 2011. El Gobierno nacional había acusado públicamente al sindicalista de ocasionar y organizar el incendio; la denuncia de 2013 no fue apelada por la administración de Cristina Fernández. Dos años más tarde, la jueza imputó al ex segundo Jefe del Batallón de Aviación Militar 601 de Campo de Mayo y al ex Oficial de Personal de esa unidad, quienes se encuentran detenidos por “haber arbitrado los medios necesarios para terminar con la vida” de tres prisioneros en el marco de los llamados “vuelos de la muerte”.
Tormenta de invierno. Lo sacaron del ninguneo al intendente Arroyo, luego de señalar públicamente “no aporté 50.000 pesos a la campaña”. Desde La Plata lo acusan de haber nacionalizado el tema, que transcurría por andurriales mediáticos menores, según la runfla vidalista. Por estas horas van a tener más en qué molestarse: la comuna prepara una licitación para convocar a toda la banca a gestionar las cuentas sueldo. El solo anuncio de la convocatoria ya es trotyl político que La Plata no tiene ni idea cómo manejar.