Todo vuelve. En los ‘90 en la provincia de Buenos Aires distintos grupos hicieron fortuna con créditos en condiciones irregulares. Uno de esos grupos fue el que lideraba Victorio Gualtieri. Las decisiones que les dieron millones fueron las llamadas “decisiones políticas”. Era gobernador Eduardo Duhalde. El ex gobernador no tuvo que afrontar ningún tipo de consecuencia legal, los que terminaron con condenas fueron los funcionarios de carrera del BAPRO que cumplían órdenes que estaban muy lejos de los estatutos y regulaciones existentes. Hoy la historia se repite en el caso de los créditos otorgados al grupo VICENTIN por el Banco Nación.
Todo vuelve II. En el caso, que ya tiene una causa penal abierta en curso que afecta, en principio, al ex presidente Javier González Fraga, irá sobre tres gerentes que cumplieron con ordenes políticas. Lo cierto es que el crédito de 18 mil millones de pesos no pasó por el directorio porque era una renegociación y fue resuelto por la línea gerencial del banco. Se trataría de los dos máximos responsables del banco actualmente, Juan José Fragati, gerente general de Casa Central, y Martín González, subgerente general; además de Susana Ojeda, gerente de Riesgo Crediticio.
Todo vuelve III. Esta historia, repetición de otras historias, tiene un detalle: esta línea fue el fruto mal habido de la relación entre el presidente Javier González Fraga y el pope de los bancarios, Sergio Omar Palazzo. Lo interesante será ver, si la investigación va a fondo, cómo se explica la injerencia de Palazzo en el volumen y beneficios que el grupo recibió del Banco Nación.
A retranca. Fue una asamblea pobre de gente, como suele suceder cuando la seccional local de los judiciales bonaerenses es la que convoca. Esta vez había caras extrañas: no estaban los de siempre, el claque de la dirigencia kuka que domina el gremio, los que le exigían al gobierno anterior “una propuesta salarial que hoy alcanza el 29% para el año en curso, cualquier acuerdo posible requiere un mecanismo de actualización automático de los salarios por inflación (cláusula gatillo) hasta fin de 2019, así como una solución a los más de 15 puntos perdidos en 2018″. En 2020 se conforman con un 9% y lo justifican señalando que “hay que poner el hombro para arreglar el desastre que dejo Vidal”. No es ficción, es real, crease o no.
Uno sí, el otro no. Finalmente Luis Irós, conocido en el ámbito leguleyo como “el gato Irós” ha sido beneficiado con la detención domiciliaria. Una caución millonaria, prohibición de salir del país, tobillera electrónica y otras medidas de control. El no fue para el otro abogado, Ruben David Cagni, al que se le negó el beneficio de la detención domiciliaria y estará en prisión hasta llegar a juicio. Entre los motivos está el considerar que la organización perjudicó al Estado en cuando menos 90 millones de pesos. La cifra podría ser mayor si se considera un caso testigo que remonta el fraude a los inicios de los años ‘90. Habrá novedades.