Un episodio más de violencia ha concluido en Mar del Plata, signado por el corte de calles en pleno centro, la quema de gomas y su consecuencia tóxica para la vida, y el uso de la basura de contenedores para formar “barricadas” que marcan el territorio. Personas encapuchadas interrumpieron por más de una semana el tránsito en la avenida Luro, y por la calle Yrigoyen entre San Martín y la avenida frente al palacio de gobierno, ante las pasividades policial y judicial.
El vandalismo puesto en escena revela que las organizaciones reclamantes que por décadas han transformado en mendicantes a vecinos de la ciudad, gozan de presupuesto para articular el uso de colectivos para transportar a la gente, camionetas para desplazar a sus dirigentes y armar cocinas de campaña, colocando a familias enteras en riesgo con este peculiar accionar. La dinámica del relato mendicante -que es en sí un gran negocio para unos pocos- une a actores políticos, sectores de la comunicación y funcionarios de todos los niveles, que viven de una u otra manera del presupuesto público. Y estos hechos ocurren cuando el blanqueo de las cifras del INDEC desnuda la brutalidad de la pobreza en la Argentina.
Hace unos días, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente de cuasi facto Eduardo Duhalde se autocitó como parte de “una dirigencia de mierda que ha fracasado”. Mérito enorme el de autoincluirse, pero no lo exime de la gigantesca culpa de sus políticas, que consolidaron la exclusión trayendo a la provincia las peores políticas asistencialistas del régimen cubano. Las denominadas “manzaneras” son una creación del régimen de los hermanos Castro, que ha contribuido notablemente a la estratificación social que se vive en la isla y generado un sistema pordiosero en el cual el poderoso integrante del politburó maneja la vida de su comunidad, pueblo o sector, y asiste a los que en el fondo del sistema no tendrán jamás oportunidad de crecer o progresar.
El intendente Carlos Fernando Arroyo citó a su despacho al jefe departamental Carlos Testini para reclamarle acciones concretas ante el vandalismo desplegado. Y nada. Dice que necesita orden judicial; no obstante, tal como lo reveló el propio Arroyo, el fiscal general Fabián Uriel Fernández Garello sostiene que nada tienen que hacer los fiscales, y que en flagrancia la policía puede actuar per se, no se requiere de una orden. No es irrazonable lo que dice Garello. Y si es así, entonces ¿por qué la Fiscalía General no inicia un curso de acción judicial por incumplimiento de los deberes de funcionario público? Hay en las redes sociales suficiente evidencia de la pasividad policial ante el despliegue piromaníaco de estos grupos, que se retiraron cuando les aseguraron que habrá finalmente recursos del Estado asegurados hasta diciembre.
Esta es una dinámica perversa que sólo puede traer nuevos episodios a corto plazo, dada la sinergia de los actores sociales involucrados. Estos grupos están consolidados en un accionar que mayoritariamente es rechazado por la mayoría de la sociedad, pero el sistema armado desde los noventa los protege, desde un discurso hipócrita que alienta un status de mendicidad asistida. Los actores de la política aseguran que actúan solidariamente, cuando lo que hacen es mantener estos estratos poblacionales en la indigencia y la dependencia económica, para usarlos una y otra vez como mano de obra paupérrima para fines anti democráticos.