El 28 de julio de 1999, un grupo nunca correctamente identificado desalojó la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia de Mar del Plata, la cual había sido ocupada por un grupo que lideraban, en aquel tiempo, el hoy fallecido Eduardo Berrospe y Emilio Alí quienes, agrupados tras el cartabón del llamado «Movimiento Teresa Rodríguez» (MTR), clamaban por la falta de trabajo.
El MTR con Berrospe como líder fue protagonista de una página muy larga de la historia de la ciudad vinculada con el constante padecimiento de los ciudadanos por el corte de calles y la ocupación de lugares públicos como forma de protesta bajo ese mismo lema: siempre piden trabajo digno, y que el Estado se ocupe de solucionar sus problemas, o los de sus representados.
En 1999, los medios solían utilizar, al referirse a estos grupos, el término de «nuevos actores sociales». Detrás de esas palabras se escondía esta gente que, a caballo de la desocupación creciente, empleaban métodos de acción directa, los cuales llevaron a la toma de la catedral como instrumento de presión hacia los actores políticos, logrando, como primer triunfo, la complacencia del sistema judicial.
Tras ser desalojada la catedral por el grupo antes citado, el fiscal Guillermo Nicora (sí, Nicora), señaló ante los medios: «El desalojo fue hecho por civiles antes de que el juez diera la orden. Los expulsores sacaron a todos los ocupantes justo antes de que llegara la policía, y pusieron barricada hechas con los bancos en las puertas para que no volvieran a entrar». Recordamos que esto sucedió en 1999.
Hoy, los grupos que mueve el Partido Obrero detrás del cartabón de «Polo Obrero» y el MTR replican los cortes. En esta ocasión sus líderes —a los que la cadena de «corte y pegue» aúpan, evitando jamás citar sus nombres o publicar sus imágenes, limitándose a sólo replicar sus comunicados—, decidieron cortar el boulevard marítimo entre la avenida Pedro Luro y la calle Mariano Moreno.
Lo que queda alrededor es la gente de la ciudad, los que trabajan, que no pueden hacer otra cosa que putear en chino y pedir desesperadamente que alguien haga algo. La municipalidad, una vez más, denuncia ante la justicia que mira para otro lado y jamás interviene. Hay una doctrina que surge de las disposiciones del fiscal general Fabián Uriel Fernández Garello que podría resumirse como «es un tema político, que lo resuelvan los políticos».
Estamos ante la consagración de la anomia absoluta por parte de empleados públicos que, puntualmente, reciben sus espléndidos honorarios de manera rigurosa el último día de cada mes. Las denuncias se acumulan, y los vecinos se sienten desamparados: «nos toman por boludos, nadie hace nada». Al menos, no hacen nada quienes tienen ante estas situaciones una clara responsabilidad.
Es así como termina estando todo servido para la trampa de la violencia en donde, discursivamente, la izquierda hace su agosto. Hablar de «represión» siempre paraliza —irónicamente— a los mismos que un segundo antes pedían que «alguien haga algo».
Lo que ocurre en Mar del Plata, es la consecuencia de la acumulación de poder por parte de estos grupos entre los que también se encuentra el Movimiento Evita, cuyo actor central es Roberto Gandolfi, quien determina quiénes pueden recibir y manejar recursos que, en definitiva, son del Estado.
Seguimos en manos de estos brutos, malos y sucios. 1999/2021. El estado de las cosas.