Por una decisión del ex intendente Blas Aurelio Primo Aprile, Transportes 9 de Julio cayó bajo la horca caudina de Florencio Aldrey Iglesias. Fue allá lejos y hace tiempo, casi fenecidos los noventa.
Actores de esa trama ya no están entre nosotros, y no hare más mención que la expresada en el párrafo anterior. La empresa no se sintió incómoda en tener un padrino que la protegiera de la política y colocara a los medios dominantes en posición de acompañar y no de cuestionar.
Con los años, la trama mafiosa tejida alrededor de Aldrey fue creciendo: los popes de la UOCRA local, los hermanos Trujillo; el Sindicato de Camioneros, con María Eva Moyano a la cabeza, todos estuvieron en la convocatoria de Aldrey para pergeñar acciones que “pongan de rodillas a ese hombre”. El hombre es el intendente Carlos Fernando Arroyo, que afronta el cuarto paro de recolectores de residuos y soporta títulos en primera plana señalando que el paro se debe a una deuda de cuarenta millones de pesos con la empresa de marras.
Sin embargo, nada se dice acerca de que esto ocurre porque en los ocho años pasados la empresa fue sometida a expolio sin que jamás se le haya ocurrido parar un solo día. Menos aun que en los escasos meses del nuevo Gobierno, se ha pagado deuda de la gestión anterior por cincuenta y cuatro millones de pesos. Mucho menos, que la empresa, si no recibe fondos de la comuna, no puede pagar nada porque no está en condiciones financieras siquiera de tener cobertura para girar en descubierto. Tal es su crítica situación, que claramente la inhabilita para ser prestador de servicios públicos.
Lo insólito es que el paro se lleva adelante sin haber comunicado al Ministerio de Trabajo de la existencia de una situación de crisis. Hay, de aquí en más, un solo camino posible: la caducidad del servicio, y su reemplazo por otra empresa que tenga solvencia patrimonial para desarrollar la tarea.
Si bien esta situación todo lo cubre, no hay forma de dejar de lado lo acontecido en esta semana con la detención de integrantes de Bandera Negra, un grupo violento que se autoatribuye filiación nazifascista. Uno de los tres detenidos, Nicolás Caputo, trabaja como guardavidas. Fue suficiente la etiqueta para que los accionistas marplatenses se lanzaran a twitear buscando crear una conexión entre la actual gestión y la conducta de Caputo. Los twiteadores, Lucas Fiorini y Héctor Rosso, ambos concejales, no parecen prestar atención al nada minúsculo detalle de que las denuncias del accionar de este grupo datan de 2011, y de que, como quedó claramente establecido en la reunión que mantuvo el secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Abruj con el fiscal general de cámaras Daniel Adler, ninguna de todas las denuncias presentadas había sido investigada. Nicolás Caputo se desempeñó como guardavidas al tiempo que integraba Bandera Negra durante los últimos tres años de los ocho de gobierno de Gustavo Arnaldo Pulti. Años en los que efectivamente sí gozó de protección por parte de las autoridades comunales, incluido, obviamente, el ex secretario de algunos DerechosHumanos José Luis Zerillo.
Tres años, muchachos, tres años. Marca más que suficiente para rescatarse con un mínimo de silencio culposo. O autocrítico al menos. Lo cual, en el instante en que lo escribo, suena a ciencia ficción.
