Un llamado desde CABA: «tengo una bomba». Me inquieté mal: ¿Mi fuente se iba a inmolar en nombre del no-acuerdo entre LLA y el PRO? ¿Era una protesta por la falta de acuerdo sobre el presupuesto provincial y el consecuente endeudamiento? No, era una información de supuesto altísimo voltaje que involucraba al intendente Montenegro.
Lo que la fuente sostenía era que la Federal había allanado el despacho del jefe comunal y requisado documentación de altísima sensibilidad vinculada al contrato de multas fotográficas.
Ante esto, obviamente, inicié una ronda de consultas: A uno de los que recurrí, me contestó recién dos horas después, estaba haciendo un asado. Ante esto, ni modo que la versión original se sostuviera. Otra fuente del oficialismo atinó a decir «hay algo, pero nunca en el despacho».
¿Qué hubo? Funcionarios federales se hicieron presentes en la municipalidad buscando los contratos celebrados con la UTN, Universidad de La Plata /CECAITRA y el que firmó Montenegro con la Universidad Nacional de San Martín, todo en el contexto de la investigación que involucra al ministro de transportes de la provincia, Jorge D’Onofrio.
Esto es ya sumamente conocido: Kicillof sostiene a D’Onofrio, el cual hace silencio estampa en tanto, por caso, se ha ordenado levantar el secreto bancario y fiscal sobre él y la concejal de Pilar y ex presidenta del Concejo Deliberante del distrito que conduce Federico Achával, y que fue desplazada de ese lugar semanas atrás tras el avance del caso, Claudia Pombo. También fueron incluidos en la medida Agustina Cuadra (hija de Pombo), Facundo Asencio (director provincial de la VTV), Roxana Elma Pombo (hermana de Claudia y funcionaria del ministerio), Mario Quattrochi (juez de faltas) y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo).
Por ahora, lejos esta Guillermo Montenegro de tener que preocuparse por este tema. La «bomba» fue organizada por la curul Eva Ayala, quien le vendió el pescado en muy mal estado a los habituales correveidiles del palacio que se lanzaron sin más a dar pábulo al tema. Y se dicen periodistas.
No es menos cierto que los contratos —el que firmó Carlos Fernando Arroyo, y el de Montenegro— son o han sido sujeto de especulación política. Los contratos son justificados en la necesidad de bajar el ritmo frenético con el cual nos movilizamos hasta matarnos a diario de manera secuencial y sistémica.
La información requerida fue fotocopiada, se sellaron y firmaron las copias y la comisión policial partió sin jamás haber ingresado al despacho del intendente.
La causa avanza. Involucra a varios municipios de la provincia y se las trae. El 2025 será muy interesante.