Pasó el temblor. La «pelea» —o sea, digamos— con los municipales, se agotó. Ya dio más leche de la que podía dar y apareció un acuerdo que superó el aumento que estaban esperando los empleados públicos de la administración local.
Por detrás de escena, se han movido intereses diversos. No hay que ser un cráneo para darse cuenta de que el anuncio de sumar a la municipalidad de Gral. Pueyrredon al RIGI está íntimamente vinculado al anuncio de salir a buscar capital privado para la puesta en valor del estadio Minella, el polideportivo y los demás escenarios heredados de los Juegos Panamericanos.
Se trata de construcciones que están en muy mal estado y con un muy bajo o nulo valor de venta, salvo que las condiciones para su adquisición sean muy generosas. La ira del ex intendente Cospelito Perogrullo se hizo pública en boca de su curul más destacado, el dirigente de Onde Unidos, Horacio Taccone. Sorprendidos, los opositores de la unión patriótica no han proferido palabra alguna. Urgido como siempre, el peor intendente de la historia democrática de la ciudad farfulló —por boca del concejal Taconne— caracterizando a lo anunciado como “improvisado”.
En este caso, no hay improvisación. Todo lo anterior sirvió para llegar a este momento. Que no se haga vía la AFA era previsible: de hecho, el presidente de la Liga Marplatense de Fútbol, Roberto Fernández, siempre dijo que esa opción jamás iba a concretarse.
Se está ante un modelo de cómo hacer las cosas. Es el mismo que esquema que ante la privatización del estacionamiento medido, o la incorporación de privados al cobro de deudas por tasas y servicios: primero se deja implosionar el tema y luego se ofrece la solución de un privado. De improvisado, nada. Hay objetivos, hay un método y hay un sentido de la oportunidad.
La oportunidad, es el contexto que permite la sanción de la Ley Bases que, RIGI mediante, permite que las condiciones sean muy convenientes. Además, el blanqueo abre la puerta al ingreso de dinero contante y sonante en anticipación a los tiempos que se abrirán con la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
De improvisación en este escenario no hay nada. El capítulo referido al cobro privado de tasas tomó de sorpresa a los legisladores provinciales de la UCR sentaditos como buenos alumnos del secundario detrás de Montenegro, y no les cayó para nada bien.
Este esquema ya se intentó en la ciudad, y no prosperó. Hay factores legales y constitucionales al respecto. No por nada ARM también está para atrás. En la última moratoria, ni siquiera hubo campaña en redes para hacerla conocer. De improvisado, nada.
Montenegro —que hace campaña para que Ariel Lijo llegue a la Corte— se quiere ir dejando cierta impronta. Si cuando menos la transferencia de Mogotes se concreta, y se abre allí un capitulo de ordenamiento urbano, y si los estadios y estructuras del polideportivo reciben inversión privada para —por caso— hacer el gran centro de entrenamiento atlético a contra estación, una huella para el recuerdo habrá dejado.