La situación que se vive en torno al delito y la justicia en Argentina tiene su origen en los inicios de la década de 1980, y se agravó luego de un drama que pocos —o nadie— advirtieron: el fallecimiento del jurista Carlos Santiago Nino, en 1993.
Esto se debe a que, en el debate al respecto del orden y el derecho, la posición de Nino servía como contrapeso del devastador criterio ideológico de Eugenio Zaffaroni, que ha marcado a fuego la visión generalizada del sistema de leyes y de orden en nuestro país. Nino era el contrabalance porque entendía y expresaba el carácter punitivo de la ley ante el desafío al orden en un contexto democrático. También, fue uno de los impulsores del histórico Juicio a las Juntas, que le dio carnadura institucional a nuestro país.
Hoy estamos ante la curva de un cambio de época que, en cuanto al costo en vidas, es equivalente a una guerra. El desafío es enorme, y nadie parece dar la talla. El esfuerzo que realizan Patricia Bullrich y su equipo se da en un contexto de importante soledad política y da para preguntarse si será suficiente.
En la semana que concluye, se llevó adelante un evento en la Corte Suprema de Justicia de PBA con motivo de cumplirse los diez años desde la implementación del juicio por jurados. Pese al paso del tiempo, esta opción sigue siendo discutida: se vio claramente en el juicio que absolvió al vecino DJC, quien le quitó la vida a un delincuente de 25 años, caso que, de haberse dirimido en un juicio técnico habría arribado sin dudas al menos a una condena por exceso en la legítima defensa.
Mientras tanto, la dirigencia dileta sobre estos temas, tal como sucedió esta semana en un acto llevado a cabo en La Plata —omito expresamente el término «celebración»— al respecto de la distribución de un monto de dinero público que será transferido desde la gobernación provincial a los municipios para ser aplicado a temas de seguridad. Según mis fuentes, a Gral. Pueyrredon le corresponderán $3.000 millones.
El de la seguridad es un desafío muy claro que se expone en cada en cuesta y que raspa tanto al ejecutivo provincial, como al comunal; de allí la alta exposición del intendente en esta cuestión ya que, si no hay resultados, la cuenta negativa cae sobre sus hombros. En rigor —esta es mi lectura— cuanto más él se expone, más protege a Kicillof.
Cada uno sabrá. Es su riesgo, y su jugada. Lo que está claro, es que la delincuencia no da respiro y que las estadísticas oficiales no reflejan lo que en verdad ocurre. Porque el crimen real se compone tanto de los hechos de violencia que quedan datados, y los que quedan fuera del radar. ¿Por qué? Muy simple: denunciar es valorado como una pérdida de tiempo porque el sistema está diseñado ex profeso para que sea difícil hacerlo.
A modo de ejemplo, exponemos tres casos de los que tomamos conocimiento mientras conversábamos en la 99.9 con Rodrigo Goncalvez: un oyente denunció otro asalto a la farmacia Riádigos en la calle Alem; una oyente relató un hecho en el cual un motochorro intentó robarle una riñonera a una ciclista, lo cual fue impedido por los transeúntes; y en otro hecho un joven muy fuera de sí (¿drogado?) que viajaba a bordo de un colectivo de línea, le puso un cuchillo en el cuello a un bebé. Dos jóvenes arriesgaron su vida e impidieron que la situación pasara a mayores cuando lo bajaron de la unidad para molerlo a patadas en la calle.
No sé si los jurados populares entienden acabadamente su rol o no, pero el nuestro es un sistema perverso que aúpa el mal y castiga al bien.
Disonancia cognitiva al palo.