Una semana de demérito feroz que unió el bárbaro ataque a la persona del secretario de Hacienda Hernán Mourelle, las operetas menores en el armado de las alianzas políticas en el orden local, y el acting de la docente Paola Yael Palvecino “encadenándose” en el hall del Palacio Municipal, denunciando que la malicia del ejecutivo la condenaba al hambre.
Lo que hay detrás de Palavecino y su performance sobre el hambre, es una feroz operación mediática inspirada en el decálogo de Goebbels para la propaganda y liderado por la integrante del secretariado de los municipales Alejandra Ayek. Esta movida se puso en marcha para tapar lo obvio: la responsabilidad de la dirigencia en un conflicto que corre por la vía legal y que se pretende deformar con este tipo de acciones.
Nunca en mis años de profesión (37) y en los años que transcurren desde el 5 de marzo de 1990 cuando comencé mi tarea de forma independiente fui objeto de un ataque tan feroz y mendaz como el que articula en las redes el grupo que lidera Ayek. Docentes que deben ser madres, o tías, usando un lenguaje de carreros y acusando al voleo en términos violentos. Hablan de sí cuando acusan de mentir o pretenden dar un curso de deontología periodística. La verdadera cuestión no son los descuentos. Esa es una consecuencia que sufren los docentes que percibieron un dinero cuestionado jurídicamente. La matriz del entuerto que se vende con el rostro de una afligida docente hambreada es el fruto malicioso de un acuerdo de partes que nunca tuvo base legal para sostenerse. Derechos por uso y costumbre no es derecho adquirido. Eso nunca se lo dijeron en términos sencillos a los afectados por una medida de la administración que, obviamente, los perjudica. Eligieron el conflicto como vía de tapar su propia incapacidad de afrontar la verdad.
La cámara del contencioso administrativo puso fin a la aventura jurídica que el estudio Morteo —que asesora y actúa en nombre del gremio— y el juez de primera instancia Marcelo Daniel Fernández habían querido llevar adelante y que provocó esta situación dañosa innecesariamente.
Vaya para todos y todas este párrafo de la sentencia de cámara: “yerra el juez de grado al no haber siquiera sopesado lo que resultaba un hecho de público y notorio conocimiento como lo es el impacto que, en procesos como el presente, posee la articulación de un conflicto de poderes por el Intendente Municipal de General Pueyrredón contra el Concejo Deliberante en los términos de los arts. 169 de la Constitución provincial; 261 y concordantes. de la L.O.M. y 689 del C.P.C.C., que tramita por ante la Suprema Corte de Justicia provincial con motivo de la sanción de las Ordenanzas 18.189 y 18.257, normas en las que la parte actora pretende apuntalar el cuestionamiento de las competencias del Departamento Ejecutivo en la materia enjuiciada. La mentada omisión del sentenciante adquiere aún mayor gravedad cuanto se aprecia compulsa mediante del sistema on line de la Suprema Corte que en el conflicto ‘Dto. Ejecutivo de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón’, se dispuso por parte del Máximo Tribunal provincial la suspensión hasta tanto se dicte sentencia en ese proceso de los efectos de aquellas ordenanzas, a la vez que la posterior desestimación por no encontrar motivos suficientes para ello del pedido de levantamiento de tal medida cautelar efectuado por el Presidente del Departamento Deliberativo municipal”.
Esa es la verdad, y no la campaña mendaz y temeraria de los dirigentes municipales que usan la mentira y la violencia física como armas en función de sus ambiciones personales, sin medir las consecuencias ni el daño que provocan a sus propios representados.