Las acciones llevadas a cabo en las dos últimas semanas por la troika integrada por los funcionarios federales Daniel Adler, Santiago Inchausti y Laura Mazzaferri han dado sobrados títulos para una movida que presuntamente busca instalar la existencia de una lucha épica contra el lavado de dinero, lo que incluiría una elaborada teoría sobre manejos de divisas por medio de casas de cambio de la ciudad.
El juez federal Santiago Inchausti es un auténtico experto en darle al poder lo que el poder anuncia buscar: para el kirchnerismo, la prioridad eran los casos de derechos humanos y la trata de personas, y ahí estuvo enfocado. El gobierno de Cambiemos va por el narcotráfico como eje central, entonces la troika le da casos de narco y su conexo, el lavado de dinero.
Esta semana la ministro Patricia Bullrich señaló: “Ha cambiado el paradigma que decía que la víctima era el victimario”. Genial como declaración de principios, aunque debería poner atención al tenor y calidad judicial de los procedimientos, particularmente los que la troika de Justicia Legítima lleva en Mar del Plata, con el ojo puesto en fluir con los vientos de la nueva era.
En la causa del denominado lavado de dinero mediante la adquisición de automotores, se llega al absurdo de detener personas por portación de apellido. Su Señoría Inchausti, muy alejado del mundo del común de los mortales, ignora lo común que es el apellido Esteban en la colectividad gitana; más aun, aduce que cada vehículo en poder de los zíngaros que no está con la transferencia a su nombre es sospechoso de ser utilizado en las maniobras de lavado de dinero. Podría haber seguido secuestrando vehículos hasta Comodoro Rivadavia y volver, si así fuese.
La causa que sigue contra las financieras se inició en 2014, en plena vigencia del cepo cambiario, y tenía, por parte de la Cámara Federal, el objeto de investigar lo que en aquel momento constituía motivo de persecución política por parte del Gobierno nacional: las transacciones no autorizadas de cambio de moneda extranjera, en cualquier sentido que la operación se hiciera. El cambio político trajo, entre otras cuestiones, la eliminación del cepo y las limitaciones para ingresar o enviar dinero al exterior. La argumentación de la fiscal Mazzaferri de vincular de modo sistemático a la PROCELAC en las causas, no parece sostenerse en la documentación que va surgiendo de los procedimientos. Incluso, lo que va quedando expuesto es una sistemática violación de las libertades civiles de modo flagrante. Ingresaron por la fuerza en locales públicos de manera violenta -en uno de ellos desnudaron al personal- y hay dos testimonios de un trato brutal innecesario. Retuvieron a todo el personal de todos los locales allanados hasta las cuatro o cinco de la mañana sin imputación procesal concreta, y se apropiaron de todos los celulares sin motivo alguno. De los diez detenidos, al menos a ocho se los procesa con un mismo texto, en el que sólo varían los nombres de los imputados y su número de DNI.
Estas acciones son claramente delictuales. Delitos que cometen funcionarios federales encumbrados que han visitado al papa Francisco para solicitarle una bendición, que dan clases a alumnos de Derecho, y a los que los actores sociales, colegiaciones, dirigencia política, medios de comunicación les toleran estas atrocidades que están a años luz de la ley, sin vestigios de humanidad alguna, y atravesados por una ilegitimidad judicial pavorosa.
No son pocos los que deberían leer el famoso poema de Bertoldt Brecht. Porque esta troika ilegitima mañana podría ir por ellos. Por cualquiera de nosotros, en realidad.