Lejos físicamente de la Patria, la procuradora Alejandra Gils Carbó se exhibe junto a magistrados y fiscales en Roma, en un encuentro articulado por el operador papal Gustavo Vera, donde busca sumar masa crítica para enfrentar los cambios que se vienen en el Ministerio Público, luego de años de preeminencia de Justicia Legítima.
Aquí, un grupo de obispos se dirige a las máximas autoridades legislativas para pedir por una de las creaciones de este grupo militante que quiere sobrevivir a los cambios: el programa ATAJO. Se trata de una movida liderada desde el diario Página 12 —medio a partir del cual Horacio Verbistky ficcionó la desaparición de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería—: han buscado y logrado que obispos, incluido Antonio Marino, peticionen a los senadores para proteger este programa que consideran imprescindible para alcanzar y proteger a los sectores sociales más vulnerables.
En la 99.9, el obispo marplatense fue cauto, y se apresuró a señalar que ni él ni su antecesor habían firmado acuerdo/convenio alguno con el programa de la fiscalía federal; simplemente dieron su aval para el funcionamiento en acuerdo con parroquias en barrios periféricos como Belgrano o Autódromo. Marino precisó, además, que no es imposición, sino “solicitud de consideración”. Políticamente correcto, no es la suya la lectura de los denominados “curas villeros”, que en posición militante pidieron no votar por Cambiemos, y han manifestado que “matar de hambre, desamparo o indiferencia al pobre es un pecado. Votar un gobierno que asfixia a los pobres, creemos que también lo es”. También han dicho: “Sin ningún temor o prejuicio, sostenemos firmemente que un cristiano no puede darle el voto a un gobierno como este, que multiplica las ayudas fraudulentas a sus amigos, facilita las ganancias de los ricos y condena a los pobres a la marginalidad y lo hace a la luz del día con mentiras y desparpajo”. Estas son las expresiones del conjunto que obtuvo el compromiso de los obispos para acompañar la solicitud de no descartar un programa que señalan como exitoso.
En estos días de visita al Papa, por detrás de las imágenes en primera fila de jueces y fiscales femeninas del Poder Judicial federal, se advertía la presencia del fiscal general de cámaras de Mar del Plata Daniel Adler, el mismo que dice que “ahora, sin los kirchneristas, se puede trabajar”.
Por su parte, si bien la excusa fue protocolar, el motivo real de la visita del Consejo de la Magistratura al juez Héctor Pedro Plou, juez federal de Junín, es para hacerle saber que cuenta con todo el apoyo institucional para avanzar en la causa que pesa sobre Daniel Adler, Claudio Kishimoto y Pablo Larriera por las operaciones armadas contra Pedro Federico Hooft. Recordemos que una parte central de las acciones actuales se inicia por la denuncia de Federico Hooft (h) a partir de grabar una charla con Kishimoto —donde éste habla de las presiones de las que es objeto por parte de Adler para que actúe contra Hooft—, que fuera desestimada como prueba válida por la Cámara federal. Esa desestimación fue derrotada en la instancia de Casación en duros términos para los jueces marplatenses, que decidieron, en la semana posterior al triunfo de Cambiemos, cerrar todas las denuncias que Adler había incoado falsamente contra Hooft hijo y que mantenían abiertas como instrumento coactivo.
Esta semana, distintas medidas de prueba solicitadas al juez Plou darán el inicio a la etapa de prueba e indagatoria que inexorablemente colocará en el banquillo a todos aquellos que han articulado de modo mafioso el Poder Judicial en el fuero federal en Mar del Plata. Enhorabuena.