Por veinte monedas de oro que estaban en custodia judicial, en una caja de seguridad del BNA, allanaron el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. La pequeña fortuna se secuestró en el marco de la investigación conocida como «el señor de los cielos», otra investigación con gran aspaviento judicial al amparo de la cual se hacen tropelías que nadie parece capaz de controlar. Otra vez los ciudadanos frente a un sistema judicial en el que es extraño que, quien las hace, las pague.
En la causa de marras, que concluyó con la detención de Gustavo Sancho y de sus hijos, además de otros actores conexos, el tribunal de juicio determinó exculpar de cargos y penas a Zulema Retamar, la empleada doméstica que prestaba servicios en una de las propiedades allanadas, y a Rodolfo Tamborini, a quien le habían secuestrado las monedas de oro en cuestión, valuadas en u$s200.000.
Allí es donde comienza esta historia cuyo primer capítulo público se escribió el pasado miércoles 3, alrededor del mediodía, cuando un grupo operacional de la policía de la provincia de Buenos Aires ingresó con órdenes de allanamiento al tribunal que preside Roberto Atilio Falcone operando de forma tal que a un tris se estuvo de que se terminaran cruzando a iros con la áspera custodia de la sede judicial.
Los jueces Roberto Atilio Falcone y Roberto Minguillón tuvieron distintas —pero ambas, curiosas— reacciones: En un primer momento, quisieron ponerse a disposición pero la orden —sí, orden— fue: «ustedes no intervengan, es una orden de allanamiento emanada del juzgado de San Martin firmada por el juez Emiliano Canicoba Corral». Ante el tremendo espectáculo de los bonaerenses pateando puertas y revolviendo todo, Minguillón por su parte guardó papeles en un amplio portadocumentos, mientras que Falcone se fue a su despacho, actuando como en ausencia, leyendo —o haciéndose como que leía— un libro.
Martin Poderti —que es quien está siendo investigado por la desaparición de las monedas— no estaba en su despacho, ni tampoco en el departamento en el que para cuando está en Mar del Plata. Departamento —dicho sea de paso— cuya propiedad se atribuye a un abogado local ligado al escándalo de «La Moneta». El despacho quedó clausurado, y el vehículo de Poderti requisado y con cintas de secuestro judicial. Nunca visto.
Si bien la causa es específica en contra de Poderti, de quien se investiga si se apoderó ilegalmente de las monedas de oro propiedad del exculpado judicialmente Rodolfo Tamborini, es obvio que el juez actuante no confía en nadie del elenco federal de Mar del Plata ya que, actuando en extraña jurisdicción, debió notificar por exhorto al juez en turno. Aquí ya sabemos que hay uno solo, omnipresente: Santiago Inchausti. Canicoba Corral (h) le notifico vía telefónica a su par en el momento en que la patota bonaerense ingresaba con gran estrépito al TOF, ni un segundo antes.
Todo lo que rodea esta causa es, cuando menos, muy extraño: Martin Poderti era secretario en el juzgado de 2 de San Isidro, el mismo juzgado que sepultó jurídicamente la causa por la fiesta de Olivos. La causa en la que Tamborini fue declarado inocente tiene fecha de mayo de 2023. El sumario interno se inició en junio del mismo año. Poderti pasó todos los filtros, Consejo de la Magistratura y Senado de la Nación, sin que el sumario o el inicio de la causa penal afectara su nombramiento. Cuando menos, muy raro.