Dicen que aún no puede comprender qué ocurrió en las PASO – será que comprender nunca se le dio fácil…–; aún busca que alguien le diga por qué no lo votaron. Gustavo Arnaldo Pulti olfatea el desierto de la vida pública, y no le gusta el olor que exuda. Mandas judiciales que emanan de la Justicia en el foro contencioso administrativo le marcan límites que revelan su accionar erróneo en materia administrativa, a la vez que anticipan un tiempo procesal penal nada simple para sí y sus accionistas marplatenses.
En el inicio de esta semana se conocieron tres resoluciones, una de ellas con la firma del juez Marcelo Fernández, que determinan la razonabilidad de exigir a los funcionarios que se hagan cargo a título personal del daño provocado a terceros por sus acciones públicas cada vez que hayan actuado contrario a derecho. Ha dejado establecido el magistrado que: “EMTUR; Municipalidad de General Pueyrredón; Cdor. Gustavo Arnaldo Pulti; Arq. Marcelo Jorge Artime; Sr. Pablo Demetrio Fernández; Arq. Mónica R. Rábano y Sr. Eduardo G. Bruzzeta, por el plazo de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS COMUNES (art. 38 del CPCA), se los cita y emplaza para que dentro de dicho término contesten y comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de decretarse la rebeldía a petición de parte (arts. 59 del CPCC y 77 del CPCA)”. El decisorio busca evitar que el desalojo compulsivo de la sociedad Torremont del Torreón del Monje quede impune.
Este decisorio establece la puerta de entrada a un camino a derecho que impida que sea el vecino el que pague con sus tasas municipales el desquicio del poder de turno. Un desquicio evidente, por ejemplo, en las acciones de Eduardo Bruzzeta cuando despojó por la fuerza a la firma Wolf Publicidad de la cartelería que la misma, mediante contrato con Ferrobaires, había desplegado a lo largo de las vías desde Camet a Juan B. Justo. Wolf había acordado un contrato, y, por supuesto, adquirido compromisos con anunciantes diversos. Todo lo cual estaba perfectamente en regla, hasta que apareció Bruzzeta, con su peculiar modo de entender las normas, y arrasó con la cartelería -en un caso, cuanto menos, usando un grupo de tareas que claramente no era personal municipal-. Requerido por el damnificado acerca del porqué de semejante proceder, se le atribuyen a Bruzzeta dos respuestas: “Te equivocaste al no venir a verme y cotizar acá”, y “hacé lo que quieras; para cuando la justicia decida, yo ya no voy a estar acá (en Inspección General), y el daño te lo va a pagar la Tesorería en unos años”. De allí que la decisión del juez Fernández de colocar el pago del daño en el bolsillo de los funcionarios trace una raya importante en esta historia, un antes y un después que seguramente colaborará en disuadir a algunos de algunos comportamientos. Billetera mata guapo.
No ver la relación entre estas conductas y las decisiones electorales del contribuyente es como negar la íntima relación entre el día y la noche. Parecería que una cosa sigue a la otra, así que las preguntas aparentemente inocentes no tienen aquí lugar ni oportunidad. Más vale que empiecen a preguntarse cómo saldrán sus bolsillos de ésta.