Le llamamos “el diario del lunes” a todo aquello que parece que pudimos prever o anticipar, una suerte de “yo te lo dije, ya se sabía”. En el tema que hoy nos ocupa, el concepto toma otra dimensión: “el diario del lunes” sería la revelación hecha por la Comisión Provincial por la Memoria, que permite llenar los huecos que siempre hicieron ruido en la conducta de Fabián Uriel Fernández Garello, todavía hoy fiscal general del Departamento Judicial Mar del Plata.
La documentación que obra en poder de la CPM -elevada a los juzgados criminales de San Isidro y Morón en las causas que tienen que ver con delitos de lesa humanidad- detalla lo ya establecido en los registros de la DIPBA en casos de secuestro, desaparición de personas y tortura ocurridos entre 1978 y 1982.
La aparición pública de Fernández Garello en la escena política de la ciudad se dio de la mano de la llegada de Julio Pettigiani al cargo de ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires; su salto a una participación política se debió a su ingreso al Concejo Deliberante de General Pueyrredón como concejal del PJ en la lista encabezada por el propio Pettigiani, que por aquel entonces aspiraba al sillón principal de la intendencia marplatense -y fue derrotado en tal instancia por Blas Aurelio Primo Aprile-.
Desde su cargo de fiscal general ha manejado mucho poder, y ha buscado blindar ese poder. Desde este medio pusimos en conocimiento de la sociedad que Garello estuvo sometido a proceso penal por el antiguo Código en una causa que fue un desprendimiento de la conocida causa de “los vales del Comando”. En el marco de esa causa, con todos los jefes prófugos, una escucha telefónica advirtió al fiscal de la causa, Eduardo Alemano, que un integrante de la Dirección de Asuntos Legales de la Departamental Mar del Plata mantenía conversaciones con los prófugos y les daba consejo de cómo actuar. El juez -que no era otro que Pedro Federico Hooft- inició una causa penal para establecer la situación legal de Garello, causa que, como tantas otras, quedó en un cajón y prescribió. Esa causa, y una denuncia por el proceder de Garello en una causa civil, dieron lugar a una publicación en este medio que provocó que Garello me querellara, pretendiendo ser víctima de calumnias e injurias.
Las escuchas revelaban una relación entre Garello y Roberto Atilio Falcone, una relación que hoy, con el diario del lunes, se entiende completamente. Hay un nexo entre ambos: su vinculación con los servicios de la dictadura. Falcone fue el abogado de Martín Ciga Correa (a) “mayor Santamaría”, liberado por Julio Eduardo Pettigiani, quien felicitó al abogado (Falcone) “por la ingeniosa defensa” que dejó libre a un criminal de guerra. Los honorarios del abogado Falcone, hoy juez del Tribunal Oral Federal, los pagó Raúl Guglieminetti, jefe de los grupos operativos del Batallón de Inteligencia 601 durante el Proceso. La Dipba, sus agentes y el Batallón de Inteligencia 601 participaban de la denominada comunidad de inteligencia, la mayor estructura criminal que haya operado en la Argentina.