Una caricatura recorre la web: la de Gustavo Arnaldo Pulti en uniforme de comisario. Le falta la nariz de payaso para ajustarse completamente a lo que ocurre con el mayor drama contemporáneo argentino y local, el de un nivel sin precedentes de criminalidad, que campea en nuestra sociedad sin que autoridad alguna accione efectivamente para dar solución a este flagelo.
En aras de hacer “imagen”, el intendente Pulti, acompañado por su secretario de Seguridad, Adrián Alveolite -sometido a proceso penal por abuso de poder-, se reunió en instalaciones del Comando de Prevención Comunitaria (distrito descentralizado El Gaucho) e invitó a participar a representantes de centrales sindicales, a la Federación de Sociedades de Fomento, a la ONG Familiares de Víctimas del Delito y Tránsito, a las cinco universidades de la ciudad y al Colegio de Magistrados. Mucha gente para no decidir nada, ni influir en nada. También estaban el fiscal general Fabián Uriel Fernández Garello, jefe de quienes han procesado a Alveolite y que llevan cuando menos otras dos IPP que lo cuentan entre los sometidos a escrutinio; y el fiscal general del fuero federal Daniel Adler, persecutor de Pedro Hooft y del fiscal del fuero metropolitano José María Campagnoli. Recordemos que Adler está denunciado por armar causa con propósitos políticos y es clave en las acciones de la procuradora general Gils Carbó.
Todo es imagen, nada es acción sensata y responsable para resolver situaciones clave de una inseguridad que no cede en Mar del Plata. En las últimas horas, de la mano de alineamientos políticos, se anuncia que en La Plata y Berisso se iniciaría la acción de la denominada policía comunal. Las definiciones se dan en función de los acuerdos políticos de cara a la interna del FPV, y lamentablemente no en función de la búsqueda de lo mejor para el ciudadano.
Para tener una policía distinta y eficiente hay que formar recursos apropiados. Pero no es lo que ocurre; lejos de la mirada de la sociedad y oculta detrás de una miríada de gacetillas de prensa que los medios adictos cortan y pegan, hay otra historia. Es el caso de lo que ocurre en la academia descentralizada de policía que funciona en la ciudad: nunca se pudo completar el cupo que pidió la Gobernación. Setecientos policías deberían egresar este año; quizá, con suerte, se llegue a cuatrocientos. Para llegar, se ignora el piné promedio de las últimas décadas: ingresa gente de pequeña complexión física, lo cual crea problemas con la talla de las prendas y complejidades en cuestiones básicas como las prácticas de tiro. Es el caso de ingresantes femeninas, de pequeña talla, que no pueden hacer la práctica de tiro porque su mano no abarca la empuñadura del arma utilizada en la instrucción.
Hay otros aspectos a considerar también: muchos de los que cursan no comprenden un texto, lo cual es una queja reiterada de los profesores, que ven sus planteos al respecto desatendidos, y reciben por toda respuesta un “tenemos que sacar setecientos policías de esta academia para diciembre”. Como sea.
El otro default de esta mentira es el alto número de quienes habiendo completado el curso (con o sin comprensión de texto) no soportan la rutina policial y presentan carpeta psiquiátrica. En el área de Personal de la Departamental ya no saben dónde poner las cajas en las que se guardan las armas reglamentarias que entregan los “psiquiátricos”, una epidemia de la administración pública que aquí se eleva a números insólitos.
Es una de las consecuencias directas de una política que busca hacer imagen sin dar respuesta cierta y definida a la sociedad. Aunque la mona se vista de seda, mona queda.
