Guillermo Montenegro llegó a la intendencia asegurando su intención y competencia para resolver el drama de la inseguridad en Mar del Plata. Pasaron cosas. Llegó la pandemia, y la acción política cambió: el COM dejó de ser su despacho y pasaron a ocupar el lugar central las recorridas haciéndole saber a los vecinos que él «los estaba cuidando».
Algunas cosas se pueden ocultar por un tiempo bajo la alfombra, pero no para siempre: la inseguridad es hoy, para los marplatenses, un flagelo que no reconoce las fronteras de los barrios ni los diferentes estratos sociales; todos estamos bajo amenaza constante, todo el tiempo. Pero hay un dato que es crucial: la seguridad, en realidad, es responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hagamos un repaso de lo que pasó estos días: los vecinos de la plaza Rocha se reunieron con autoridades policiales y municipales que, por toda respuesta, les dijeron que «no podían hacer nada». Esto se debe a que la tercera pata de este entuerto, el servicio de justicia, parece aplicar a rajatabla el axioma de Cristina Fernádez que dijo: «la policía detiene y detiene, y la justicia libera y librera». En realidad, el rol del municipio en todo este escenario es muy limitado, pero la tentación de colocarse siempre en el centro del escenario se les termina volviendo una piña en contra.
En esta semana, dos individuos intentaron robar un local en Avenida Luro al 3500, en pleno centro de la ciudad, enzarzándose en una pelea con los empleados del negocio que los retuvieron hasta que llegó la policía. El operativo fue tal que la circulación por la avenida principal de la ciudad, mano a la costa, estuvo detenida por más de media hora. Ambos sujetos terminaron detenidos. Uno de ellos tiene 18 causas en contra. Su compañero lo supera con más del doble: acumula 37.
El intendente se hizo eco de estos hechos imitando la métrica de los comunicados por X que utiliza Waldo Wolf, el ministro de Seguridad de CABA. ¿Cuál es el sentido de buscar rédito por una acción en la que él no tuvo parte? Después, por lo bajo, los funcionarios del propio Montenegro se quejan de la falta de colaboración por parte de la policía.
Sin embargo, es obvio que algo está cambiando en el COM: a diario se conocen videos —cuidadosamente editados— que muestran el seguimiento de situaciones criminales en combinación con las fuerzas de seguridad que dan resultados en tiempo real.
Y he aquí buena parte de este problema: en esos videos se ha mostrado cómo un delincuente circulaba con una moto robada, el cual fue detectado por el anillo digital. Se le da aviso a la policía. Se produce la detención. ¿Qué hace la fiscalía? Le encarta al conductor de la moto el delito de «encubrimiento»; el cual es de menor cuantía. A las pocas horas, debe haber estado de nuevo en la calle.
La presencia del ministro de Inseguridad bonaerense, el cientista social Javier Alonso en la ciudad nunca es aprovechada para exigir, o al menos hablar, sobre el tema que le compete directamente a su autoridad: el funcionario de Kicillof pasa cómodo por una Mar del Plata que no tiene —por licencias psiquiátricas— policías suficientes para ocupar los patrulleros disponibles.
En particular, suelen pedir licencia para operar, durante los fines de semana, a través de las ilegales plataformas digitales de transporte, algo que no parece incomodar a ninguna autoridad.