El latrocinio de la caja de IOMA se inició allá lejos y hace tiempo, durante la gobernación de Daniel Scioli. Hay denuncias penales que datan del 2011. Luego, ésta pasó a manos de María Eugenia Vidal y más tarde, de la gobernación de Kicillof. Los derechos humanos de los afiliados, constantemente vulnerados.
El arribo del cultor del modelo cubano de salud Homero Giles a la presidencia de IOMA ha sido todo un éxito: finalmente, los afiliados a la obra social provincial están como los habitantes del comunista país caribeño, sin salud, y a su suerte. El discurso de una supuesta «mendacidad» por parte de los prestadores privados ha servido como excusa para virar, de un modelo en donde la entidad se administraba a sí misma, a un modelo de intermediación, empleando la figura de una «gerenciadora».
Dicha gerenciadora es ACEAPP, la cual ahora está en default, a consecuencia de que la han vaciado. El resultado es el de gente padeciendo por toda la provincia: a diferencia de lo que quieren hacer creer, el problema de IOMA no es sólo un tema de lo que pasa en Mar del Plata. Ahora, para aumentar el sufrimiento de miles de pacientes, ACEAPP pasará a ser administrada por un grupo con nefastos antecedentes, el grupo ROISA, cuyo preocupante historial incluye la administración de IOSFA, de la obra social de los trabajadores OSPERA y de la del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba.
Al frente de ACEAPP, aparece solitaria en su página web la doctora Silvia Fontana quien es —a juzgar por lo expresado en su cuenta de X— una militante peronista del conurbano. No aparecen directores asociados, no figuran auditores, ni hay detalle de quiénes están a cargo del control del flujo de los fondos públicos.
Si bien hay alguna expresión aislada al respecto —por caso, la del aún senador Ariel Bordaisco, aseverando que se violan derechos humanos— el silencio estampa de la dirigencia, aturde. A este respecto debo señalar que, según señala la Organización Mundial de la Salud, los derechos humanos en la materia deben entenderse como un conjunto de derechos esenciales de indubitable responsabilidad para los gobiernos. Dice la carta fundacional de la OMS: «Los derechos humanos son derechos universales que asisten a todas las personas, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social».
El derecho a la salud, y otros derechos humanos relacionados con la salud, son compromisos jurídicamente vinculantes consagrados en los pactos internacionales. La Constitución de la OMS también reconoce el derecho a la salud: «Todas las personas tienen derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Los países tienen la obligación legal de formular y aplicar leyes y políticas que garanticen el acceso universal a unos servicios de salud de calidad y aborden las causas profundas de las disparidades en materia de salud, incluidas la pobreza, la estigmatización y la discriminación».
Axel Kicillof, su cubanísimo pope de IOMA, y la doctora Silvina Fontana, violan los Derechos Humanos y poco y nada parece importar.