Tomo el título de uno de los más extraordinarios textos de Marcos Aguinis para desplegar estas líneas. Aguinis empleó en 1978, año crucial de la dictadura militar, esta notable alegoría, para exponer y denunciar el poder del Estado sobre los ciudadanos. Se trata de la referencia a una situación verdaderamente repugnante, que coloca a los más débiles entre los débiles como articuladores de una conspiración.
Dice Aguinis en su obra: “Las víctimas de turno -generalmente desamparadas- pueden esgrimir todo el espectro de la inocencia, que de nada vale cuando fue desatada la tempestad”. Así es: lo vemos en este momento en Mar del Plata, cuando la troika integrada por el fiscal general de Cámaras Daniel Adler, la fiscal Laura Mazzaferri y el juez Santiago Inchausti ficcionan delitos para acaparar títulos y ganar espacio en la política judicial.
Los idiotas azotados por la tempestad de este trío vil suman ya una treintena, en varias causas. Neo nazis -o algo así-, gitanos, lavadores de activos -o algo así-, empleados de financieras, y todo con gran despliegue de Gendarmería (habría también que evaluar el costo operativo) traída de Tucumán, que circuló por la ciudad en micros de a 40 uniformados, para entregar citatorios o requerir documentación.
El pasado viernes, Inchausti repitió su malévolo accionar: a las 13 horas, la Cámara Federal ordenó la excarcelación de dos detenidos. Pero Inchausti procedió a retirarse del juzgado, apagó el celular y no fijó la fianza, dejando dicha definición, clave para proceder a conceder esas libertades, para el lunes 17. En consecuencia, los prisionizados quedaron en el penal por simple arbitrio del juez.
Insisto, reitero y subrayo el hallazgo literario de Aguinis: “Las víctimas de turno -generalmente desamparadas- pueden esgrimir todo el espectro de la inocencia, que de nada vale cuando fue desatada la tempestad”. Es lo que le toca vivir al albañil Walter Gustavo Salazar, detenido sin pruebas por Alejandro Castellanos bajo la imputación de haber formado parte de una banda de secuestradores en 2013. Salazar recuperó su libertad un año y doce días después de su primera detención, sin que nada pudiera probarse en su contra. Ahora, Santiago Inchausti, sin un solo elemento nuevo de prueba, lo ha vuelto a encarcelar y enviado a Batán, negándole la libertad pese al requerimiento de su abogado.
La impudicia de estos actores judiciales se despliega y toma relevancia como si aún Videla y la junta de comandantes impusieran su ley y su lógica sobre la sociedad, con la concurrencia del silencio cómplice de los medios locales, que no publican una palabra a este respecto. Provoca espanto el adocenamiento en que han caído los medios, haciendo seguidismo de la comunicación del poder sin reflexión sobre los hechos. Las víctimas reales, como Lucía Pérez, sólo reciben atención el día de su muerte. Los vecinos llaman a diario a los medios, luego de agotar su reclamo a las autoridades, para señalar puntos de venta de droga que se repiten por toda la ciudad, en el intento de ayudar a que el sistema funcione de una vez, y ponga a salvo a los buenos.
Los monstruos que le quitaron la vida a Lucía, Matías Farías y Juan Pablo Offidani, no podrían haber sido dos desconocidos para las fuerzas federales, y menos aún para los funcionarios judiciales, tan interesados en ficcionar, como desinteresados en atacar seria y ciertamente el gigantesco negocio de la droga en Mar del Plata.