Lo señalé hace unos días: ¿qué pasa si en un operativo antidrogas el detenido o los detenidos dicen “a mí no van a detenerme porque yo le proveo a tu jefe”? Es que no es un chiste baladí que el fiscal de drogas de la provincia Leandro Favaro, secretario de la mesa de Justicia Legítima en Mar del Plata, sea conocido en los pasillos de tribunales como “el fiscal Porrini”.
La situación que devino de exponer a Miguel Alberto José, funcionario del juzgado de Garantías de Rosa Frendes, desató histeria en el palacio y en la Fiscalía General, y a partir de alli no pararon las versiones cruzadas e imprecaciones fuertes.
Según señaló Favaro, hay una conversación en la que el dealer Gastón Rodrigo Arce recibe de Miguel José el aviso de que habría operativos antidrogas en la fiesta electrónica realizada en el parador Mute. Vale citar que Favaro solicitó -y el juez de Garantías Juan Tapia negó- la detención de José, empleado del Juzgado de Garantías 3 (empleado, y no funcionario, como se ocupa en señalar la Fiscalía General en un comunicado dirigido a la red de medios digitales + La Capital, desmintiendo así al fiscal Favaro).
El lunes próximo pasado, luego de cerrar sus cuentas de Facebook y Twitter, Miguel José se presentó ante el juzgado de Tapia y dejó su celular para que fuera periciado. Se hace evidente de toda evidencia que si lo entregó es porque, de existir el llamado de alerta al dealer conocido como “Chuky”, no lo hizo desde esa línea sino de otra, tal vez provista por un amigo, pareja, o un teléfono descartable.
En tanto Gastón Arce alias Chuky se mantiene prófugo, otro funcionario judicial está en la mira y pertenece al CATI, la oficina de escuchas que dirige Javier Pettigiani. Fuentes revelan que quien dio el dato de alerta que Miguel José hizo llegar a Arce fue el auxiliar letrado del CATI Alejandro Galván, quien haciendo las escuchas le pasó el dato en una charla en confianza entre ambos. Esas fuentes señalan que la “caballada” de Favaro para involucrar a Miguel José vino por la presión que ejerció sobre Favaro la instructora judicial Macarena Escudero, novia de Galván. Favaro se apuró tanto, que quiso procesar él mismo a Miguel José, cuando debió hacer la denuncia en la fiscalía de turno, tal como indican los procedimientos de rigor.
Esta historia pone de cabeza a toda la Fiscalía General, que formalmente aún en manos de Fabián Uriel Fernández Garello, tiene sobre sí el escenario de un inminente final para la cofradía que ha manejado esta alta instancia de poder en la ciudad. Es que detenido a disposición de la justicia federal en Tucumán el ex jefe del Ejército César Milani, se acortan los motivos para mantener esta situación de indefinición respecto de Garello, ya que los hechos imputados son de idéntica carnadura legal.
Hay, además, otro aspecto a considerar: el informe 2016 de la UNOC -organismo de Naciones Unidas contra la droga y el delito- alerta sobre el incremento en el consumo de cannabis y drogas sintéticas de manera exponencial. ¿No habrá llegado la hora de hacer análisis serios sobre la conducta de los individuos que con posiciones importantes en el Estado están involucrados en este tipo de prácticas? ¿Es lógico y tolerable que un fiscal como Leandro Favaro, a quien jocosamente todo tribunales llama “Porrini”, esté al frente de la fiscalía de drogas? ¿Es razonable que empleados o funcionarios que son conocidos por su actitud de consumir drogas estén en tribunales en los pliegues del sistema manejando expedientes sensibles que tienen que ver con crímenes relacionados con el narcotráfico?
Lógico no es, ¿será complicidad?