Suele decirse de ellos que “son ladrones de guante blanco”. Esto es: no ejercen violencia física para apoderarse de lo ajeno. Están entre nosotros, y despiertan admiración hasta que los atrapan. Ahí, el doble rasero social los cuestiona. Atrapados, son motivo de rechazo: nadie quiere quedar pegado con un perdedor. Es el caso de Luciano Di Césare, titular de PAMI, y su hombre en Mar del Plata, Fernando Alí.
Era vox populi que Alí había cambiado en esta ciudad, desde su llegada a PAMI, condiciones de contratación y, con excusas variopintas, redirigido contratos del ente a prestadores que en muchos casos no cumplían mínimamente con las reglas y requerimientos para ser contratados por la obra social de jubilados. No es una originalidad; es la consecución en la práctica de utilizar las cajas públicas como botín de guerra.
En la conversación que mantuve con el denunciante de Di Césare y por decantación de Alí, el abogado Ricardo Monner Sanz, quedó en claro que la investigación que propone el fiscal Carlos Stornelli, basada en su denuncia, tiene por objetivo establecer parámetros sobre gastos y excesos de Di Césare en la función, pero debería avanzar sobre el uso y manejo de los contratos y el redireccionamiento de recurso de los jubilados a contratos cuando menos de dudosa eficacia.
Un caso de éstos es el actual contrato que Fernando Alí cerró con la Universidad Atlántida Argentina. En este sentido, lectores de este medio ya nos advertían semanas pasadas que PAMI anuncia cursos gratuitos para sus afiliados a realizarse en la Universidad Atlántida, gratuitos para el afiliado, pero que PAMI paga a la entidad privada dentro de un programa que lidera María Ester Castet desde UPAMI. No se comprende por qué estos convenios no se llevan adelante con la Universidad pública, ya que, en todo caso, generarían un recurso que proveniente de lo público, también regresaría a lo público.
S bien se ha desmentido que la Universidad Atlántida haya sido comprada por Amado Boudou, las relaciones con el poder son evidentes. Marcelo Artime forma parte de la fundación de la Universidad, y el fiscal general federal Daniel Adler es titular de la cátedra de Derecho Penal. Ergo: muchas relaciones con el poder. Y buena gestión de prensa que, bajo el manto de la preocupación y asistencia a los mayores, habilita buenos negocios que terminan impactando en la “caja”: PAMI está con retrasos de hasta cuatro meses en su pagos a prestadores, lo cual lleva al deterioro en la calidad de la prestación de distintos servicios indispensables.
Esta actitud de apoderarse de fondos públicos es ya una constante con la que se convive cotidianamente, hasta que algún pifie puntual saca a la sociedad de la modorra ante tanta impudicia. Es complejo saber qué destino tendrá la presentación de Stornelli; las causas que dependen de fuero federal son siempre motivo de sospecha, por la conducta en particular de aquellos funcionarios que se revelan como claramente funcionales al poder de turno.
No obstante, debe señalarse que la denuncia surgida de un texto publicado por el diario Clarín, revela que hay grietas en el poder de magnitud. Di Césare es un “pingüino” que llegó con Néstor Kirchner desde Santa Cruz, donde cumplió funciones en estamentos del Estado provincial y, sentado sobre la caja de PAMI, articuló una línea interna que pretende disputar poder político dentro del kirchnerismo. Las revelaciones periodísticas que llegaron ahora a tomar estado judicial obviamente son consecuencia de esa disputa. Veremos hasta dónde llega, Entonces, una vez más cabe señalar que plata hay, pero se la roban.
