Nadie va a reconocerlo públicamente, pero se está viviendo un lento pero sostenido cambio en la actividad económica, que pareciera indicar que el momento del despegue está por llegar. Quien sí parecer haberlo visto es ciertamente el intendente, quien aspira a irse de la ciudad habiendo dejado una marca. Montenegro juega sus cartas en mesas distintas, pero busca coronar en todas.
Por una parte, se está trabajando mucho en las cuestiones que tienen que ver con una posible privatización de los escenarios deportivos de la ciudad: el Minella, el Polideportivo y el resto de las instalaciones heredadas de los Juegos Panamericanos de 1995 que están bajo la órbita del EMDER. Pablo Toviggino, autentico pope de la AFA, ante las consultas recibidas al respecto de la naturaleza del grupo inversor, si bien negó estar involucrado, apuntó con firmeza que la privatización «sale o sale».
A pesar de que poco queda de aquel vecino de Mar del Plata que surgió de la actividad teatral —hoy está en otra esfera, muy alejada de aquellos inicios— su nombre siempre surge en estas conversaciones, justamente por la sociedad con Toviggino y Tapia: hablo de Javier Faroni, quien ha hecho saber que, él, nada que ver con este proyecto. Muy lejos de sus inquietudes e intenciones.
Por otro lado, la presentación en sociedad que hizo el concejal Daniel Núñez, llamando a los privados a poner el dinero necesario para poner en valor la Rambla del provincial, está en la misma línea, ya que dos actores del ámbito de la construcción han presentado proyectos de enorme valor económico a emplazarse frente a la costa de la ciudad que, para poder avanzar, requerirían de una excepción a las normativas. Si bien ambos planes implican «enterrar» varios millones antes de llegar a ver algún beneficio, el poder político ya ha determinado solicitarles que, como compensación, pongan lo que hace falta para reparar la Rambla del provincial.
Llama la atención que, a propósito de estas acciones empresariales, salga a cacarear una —cuando menos, curiosa— asociación de protección del patrimonio oponiéndose a las mismas, con la firma de Carlos Susini Burmester.
Y lo curioso es que una recorrida por las instituciones del ámbito —Colegio de Arquitectos, Constructores, etc— no da pista alguna del carácter del opositor ni de la existencia, en el plano concreto, de la mencionada asociación. De hecho, en plena era digital, el único registro público de Susini Burmester es una denuncia de Ricardo Monner Sanz que data de 2016, la cual habla de «la cartelización de la obra pública en el Poder Judicial» y una «millonaria malversación de fondos» supuestamente efectuados desde los «organismos responsables dependientes del Consejo de la Magistratura de la Nación». En el plexo de la denuncia se señala que el Administrador del Poder Judicial, Juan Carlos Cubría, denunció el pasado 11 de diciembre la «paralización de catorce obras públicas concesionadas a las que se les entregó un adelanto dinerario en calidad de acopio pero aún así las obras se encuentran paralizadas y los materiales no se habrían adquirido».
En el cierre de su presentación el denunciante señalaba: «Dichas presiones y destratos habrían sido llevados a cabo por el arquitecto Hugo Raúl Cayetano Lazzarini, ex Subdirector General a cargo de la Dirección General de Infraestructura Judicial (DGIJ); el arquitecto Carlos Jorge Fernando Susini Burmester, ex Subdirector Adjunto con la función de Jefe a cargo del Departamento de Arquitectura de la Dirección General de Infraestructura Judicial , Gabriel Martín Saliva, ex Prosecretario Letrado de la Secretaría General del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación». Monner Sanz, además, presentó un informe del cuerpo de auditores que brinda más detalles.
Interrogantes: ¿será el mismo el opositor y denunciado? Y, dada la talla de la denuncia, ¿qué habrá ocurrido con la misma?