Cuando aún no se acallaba el impacto público por la absolución de un vecino de nuestra ciudad, quien fuera acusado de asesinar a un delincuente de cuatro disparos, por parte de un jurado popular, los tiros volvieron a resonar en Mar del Plata.
Es cada vez más frecuente que se escuche el tronar de las armas de vecinos de nuestra ciudad que se encuentran armados, esto para el espanto de quienes creen que —si bien el orden jurídico es interpretado y reinterpretado a diario en los tribunales y a través de las resoluciones jurídicas que se dictan en todo el país— el imperio de la ley, debe ajustarse a derecho. Que un vecino común ejecute a un delincuente provoca profundas oleadas de indignación en la clase judicial.
Ulises Segovia era un criminal irredimible: tenía dos órdenes de captura desde 2023, y a pesar de ello se paseaba por la ciudad cometiendo delitos a su aire. Ya había matado: fue en la cárcel de Batan, donde atacó a otro recluso de 28 años, apuñalándolo con un cuchillo tramontina hasta asesinarlo. Para Pablo Cordero, quien había sido trasladado de un penal en Azul por asesinar a su vez a otro recluso, no hubo jurado técnico, ni popular: él aplicó y luego le aplicaron la pena de muerte.
En referencia al fallo del jurado popular que exculpó a DJC por quitarle la vida a Claudio Santiago de 25 años, la controversia está servida: el fiscal Walter Martínez Soto se mostró en el juicio disconforme con el decisorio del jurado popular, al tiempo que denostó el poco compromiso ciudadano para integrar dicha obligación legal. No sólo eso: sostiene que un jurado técnico habría condenado, aunque fuera por la mínima. Según entiendo, tiene razón: DJC literalmente fusiló al delincuente Santiago, un adicto que tenía ya un historial criminal extenso.
Obviamente, el abogado defensor eligió —porque el orden legal le permite hacerlo— un juicio por jurados. Aquí hay varias cuestiones: es cierto que falta instrucción cívica y compromiso, pero no es culpa de los ciudadanos, a los cuales se les brinda una paupérrima educación; y menos aún su culpa sentir cada día que son carne de cañón del crimen, ni estar convencidos que el orden legal protege a los criminales.
Pero eso no es lo único relevante en este tremendo entuerto criminal, doloroso, y sangriento: también debe cuestionarse cuál es el rol de los medios. En el hecho que se llevo la vida de Segovia —quien andaba en la calle a su aire con dos pedidos de captura— han publicado fotos de la casa del vecino atacado desde todos los ángulos posibles. En el caso de DJC, exponen con grado de detalle su nombre y el domicilio y lugar de los hechos. Me pregunto: ¿Son idiotas? ¿No se dan cuenta de las consecuencias que puede tener actuar de esta forma? Están exponiendo a un vecino del común a la venganza de estos criminales: Santiago no estaba solo el día que DJC le disparó y le quito la vida; por otro lado, se supo que el cómplice de Segovia, en el momento en que éste perdió la vida, le gritaba enardecido «mátalo, mátalo», refiriéndose a quien fuera en definitiva su victimario. Esta persona hoy se encuentra prófuga.
¿Qué parte no se entiende de las responsabilidades propias? Fiscales y jueces que caratulan de «encubrimiento» cuando se trata de robos de todo tipo y color. Condenas que se cumplen en tercios. Más allá de cuan pobre sea el conocimiento del jurado popular, entendieron que estamos solos a nuestra suerte y verdad. El jurado era, en su ánimo, empático con DJC.
Porque ya no se trata de legítima defensa, se trata de legítima venganza.