Las hijas de María Daglio encabezan la marcha por la inseguridad en Ramos Mejía. Pilar y María Duhalde son quienes han puesto el cuerpo y dado voz al dolor de Hanna, Elías y Julián. Piden que sea la última víctima. Claman por un «Nunca Más» que no ha llegado, y en este estadío de las cosas, nunca va llegar.
Cargan su ira, su legitimo dolor sobre el juez Marcelo Riquert, quien estampó la firma que le otorgó la detención domiciliaria a Ochoa a inicios del 2020, avalado por el fallo de Casación del juez Víctor Violini. Violini, quien a su vez fue denunciado por Usina de Justicia, una ONG que había expuesto lo que se produciría con estos decisorios basados en el riesgo de muerte a consecuencia del Covid 19 en las prisiones.
Sin disculpas que ofrecer, Riquert y su colega Esteban Viñas publicaron un comunicado donde señalan que «sólo hacen lo que la ley ordena». ¿Así? ¿Tan simple? La detención domiciliaria del criminal Alejandro Víctor Ochoa fue la consecuencia del accionar de la defensora oficial ante la justicia de ejecución de sentencia Fabiana Danti, quien adujo que el riesgo de muerte por Covid de Ochoa era alto, basada en que el condenado a 8 años y medio de prisión —por delitos anteriores de igual grado y tenor de acción que los perpetrados en Mar del Plata— padecía EPOC, y tenía problemas urinarios que no se trataban adecuadamente en el penal de Batán.
Al pedido de Fabiana Danti por Alejandro Ochoa se oponía el dictamen del servicio penitenciario. El fiscal ante el juzgado de aplicación de sentencia también se opuso. Como el juez Ricardo Perdichizzi rechazó la petición, la defensora concurrió a la lazada que, finalmente, dispuso su libertad.
Esta semana ingresa en la legislatura el pedido del diputado nacional Alberto Assef para someter a juicio político a Riquert. Viñas, el firmante de esa detención domiciliaria, está fuera del foco de la ira pública. Anticipo que, tal como ocurrió con otros magistrados y libertades que dieron lugar a crímenes, nada va a pasar.
Hay un tópico de esta historia que es por demás llamativo: el rol de la defensora oficial Fabiana Danti. La funcionaria —que ostenta el rol de magistrado al igual que jueces y fiscales— brindó en 2019 una exposición sobre el rol de la defensoría pública ante los tribunales de ejecución de sentencia en los casos de violencia de género en el marco de unas jornadas organizadas por INECIP sobre feminismo, política criminal, y perspectiva de género. Allí relató la experiencia de casi tres años de trabajo que tienen en la Unidad de Defensa de Ejecución Penal para casos de suspensión de juicio a prueba o penas en suspenso por violencia de género: “Fabiana explica que realizan un trabajo de abordaje interdisciplinario y de alerta temprana de conflictos o incumplimientos, desde una perspectiva que pone el foco en acompañar el cumplimiento de las medidas como parte de una concepción integral de la asistencia que se requiere desde la Defensa Pública”. Tal como lo dice la propia defensora, es un grupo de agentes públicos —todos femeninos— que toma al sujeto y lo orienta para que comprenda sus actos y entienda la dimensión de sus hechos.
Es increíble que su perspectiva de género no le permitió entender que Ochoa —su “pupilo”— tenía a las mujeres por objeto. Que depredaba atacando mujeres indefensas y hacía de ello un modo de vida. Quienes le conocen, sostienen que la defensora pública Fabiana Danti vive atribulada por cuestiones de carácter personal vinculadas a su expensivo modo de vida. Tal como sostengo de años: hay resoluciones que sólo se explican por cuestiones de peso.