Recuperar el sentido común | Hay una asignatura pendiente en esta democracia nacida de la derrota militar en la guerra de Malvinas y el horror de la política de noche y niebla de la dictadura: recuperar el sentido común a la hora de explicar o citar lo que ocurre en los actos políticos o en manifestaciones callejeras. La idea misma de que, ante la ocupación del espacio público o en el contexto de un reclamo es válido la toma del control de la calle, o que el vandalismo es revolucionario, o el escrache legítimo si se justifica políticamente con planteos que en líneas generales aducen a la defensa del pueblo, es citada y recitada por los medios como un mantra sin demasiado apego a los hechos.
Así, el vandalismo llevado adelante en la ciudad al cierre de la Cumbre de las Américas en 2005 por una turba rentada encabezada por Ricardo “Chacho” Berrozpe, que destrozó comercios de todo tipo y orden e incendió la sede del banco Galicia en Santa Fe y Colón, quedó en los títulos como “los disturbios” ocurridos durante esa circunstancia institucional de relevancia mundial. La CORREPI y otros sellos que se autocitan como defensores de los derechos humanos caracterizaron la condena a Berrozpe de “persecución”, y presionaron y lograron que la Cámara Federal de MDP le diera una probation. La condena, sin cargo alguno por los destrozos (cuenta que pagamos todos) fue reemplazada por trabajos en una huerta comunitaria.
Una década después, en 2015, durante el Encuentro Nacional de Mujeres en nuestra ciudad, los incidentes en la Catedral y las pintadas en miles de frentes privados, así como de monumentos y edificios públicos, terminaron con un cuestionamiento a las fuerzas de seguridad por parte de las organizaciones que participaron, sin que nunca se hiciera nada por parte de la fiscalía de turno o la Fiscalía General para ir por la verdad de los hechos y actuar jurídicamente en consecuencia. Una simplificación extrema dejó los acontecimientos en la categoría de batalla entre el FONAPA y dos organizaciones -una guevarista e HIJOS- y sin definición alguna sobre las responsabilidades criminales en el intento de toma de la Catedral de los santos Pedro y Cecilia. Los medios, incapaces de hacer nada más que la claque, eligieron recortar de manera absolutamente contraria a la verdad de lo ocurrido. Consignas publicadas en esos días señalaban que las pintadas no eran nada comparado con la muerte recurrente de mujeres en lo que es hoy es aceptado como un crimen que se define como femicidio.
Femicidio, ira popular, enojo del pueblo; todo sirve para habilitar el vandalismo mientras se mira institucionalmente para otro lado y se titula del tal modo de ir con la corriente de lo “políticamente correcto”. Esta semana, en tanto se debatía el aumento del boleto, fuera del Palacio de Gobierno se cruzaban a palos un grupo autodenominado “Elegimos luchar” y un hato de vándalos que en algún caso llevaba camiseta de Alvarado. En medio de esa situación, golpearon a Samuel Zamorano, periodista de la repetidora de Radio 10. Entonces sí, los mismos que siempre expresan lo políticamente correcto, esto es la justificación discursiva de la violencia, se espantaron. Parece que cuando el vandalismo cae sobre un integrante de la variopinta tribu periodística, un palo es un palo y una agresión es una agresión.
Hay que recuperar la vertical. Vandalismo no es pueblo, un escrache es fascista, y dar seguridad para proteger bienes públicos y privados no es represión, sino aceptar que el derecho de uno termina cuando inicia el derecho del otro. Lógica mata relato.