Dos grupos de marginalizados se lanzaron a una batalla campal por el mísero botín que significa cada camión de residuos que ingresa al predio de disposición final. Alejados de la mirada pública, sólo una situación como la que tuvieron que soportar los policías que debieran custodiar el lugar hace que, por un breve momento, esta cruel realidad sea expuesta a la luz de la mirada de la ciudad.
Un largo colectivo de habladores salió a cargar las tintas desde sus tribunas políticas, como respuesta a este hecho: en medio de una batahola criminal que buscaba matar a fierrazos a los policías, uno de los agresores cayó, abatido de un disparo. La muerte de Emanuel Márquez, de 23 años, es la consecuencia de un drama social sobre el que se habla demasiado, y sobre el que nadie hace nada.
En el tiempo en que Carlos Fernando Arroyo fue intendente, la Iglesia Católica, en cabeza del entonces obispo Gabriel Mestre anunciaba una «pastoral del basural», señalando: «Los comités barriales, la Iglesia han trabajado y mucho. Siempre acompañamos desde lo sanitario y lo alimentario». La realidad es que fue una vez, se sacó un par de fotos con los entorchados obispales, y listo.
Ya con Montenegro en el gobierno, la «pastoral del basural» fue reemplazada por la Mesa del Dialogo por la Dignidad de las Periferias. Obvio es, han fracasado. El accionar de esta turba enfierrada, registrada en video, y el ataque a los funcionaros que llamaron desesperados al 911 pidiendo refuerzos, dice a las claras que los funcionarios temían por su vida y que, de hecho, estaban dispuestos a asesinar a los policías.
Los propios funcionarios policiales dejan en claro que no todos los que allí estaban fueron parte del ataque criminal. Para ser muy preciso: en el manejo del negocio de la basura hay patrones internos, líderes de un gang criminal al estilo de «Pandillas de Nueva York». En la miseria humana muy extrema también hay pujas de poder por el negocio, cual sea fuere.
El funcionario encartado cuya defensa asume el abogado y ex oficial de la bonaerense Martin Ferrá es un hombre de 30 años, con 9 años en la policía, de familia original de Jujuy y formado en la Policía Local. Quienes primero lo defienden son sus compañeras femeninas, que precisamente requirieron al letrado particular que asuma su defensa.
Un dato curioso y, en el contexto legal, preocupante, es que el funcionario policial declaró sin asistencia legal ante el fiscal Pelegrinelli. El intendente Montenegro —siempre atento a los vientos que corren— señaló que espera una pronta resolución judicial y apuntó que los funcionarios actuaron en defensa de su vida.
Irresponsablemente, medios y opinadores al voleo hablaron de falta de policía, señalando que en vez de cuatro debían ser ocho y poniendo en duda el pago de horas CORES. No hay tal. El lugar es operado por un privado y el pago corre por otra cuerda. Un tema crucial es que, en líneas generales, los funcionarios no quieren tomar ese servicio.
Al momento de la trifulca que carga contra los funcionarios policiales en el cuerpo a cuerpo soportando los golpes, les arrebatan cuatro de sus armas, de las cuales tres fueron recuperadas. El arma no recuperada, claro está, no está en buenas manos.
Sería hora de terminar con tanta hipocresía y ordenar tanta miseria humana en el lugar en donde se juegan los verdaderos «juegos del hambre».