En Mar del Plata hay algunas cuestiones que están ya establecidas como, por ejemplo, que tras la reelección, y durante la segunda gestión, se pagan las cuentas que quedaron pendientes en la primera.
Ha pasado con todos los que ostentaron la intendencia de la ciudad, desde Angel Roig a —de manera estrepitosa— Blas Aurelio Primo Aprile. A Guillermo Tristán Montenegro, todos los desaguisados de su primera gestión, le pasaron por el costado, pero está claro que hoy, ese bill de indemnidad está perforado.
Es el peor momento posible para marrar del modo en que, como ha salido a luz en estas hora, lo han hecho en temas que son tan sensibles para la comunidad. Uno de esos temas —quizás, de momento, el más explosivo— ha sido una adjudicación impropia a la empresa Pasalto SA, propiedad de Daniel Roque Akalestos, quien es también —para nada casualmente— propietario del edificio en donde funciona el COM.
Tal como está señalado en la presentación formal efectuada por la empresa Plantel, en la resolución firmada por Mariano Bowden se incurre en graves hechos administrativos. Quienes recogieron el guante son los ediles de Unión por la Patria, que se relamen con este yerro del Ejecutivo que lo deja expuesto tras una decisión en la que —se sostiene- hay un perjuicio de $300 millones para el erario público.
Es, cuando menos, torpe lo que han hecho, jugándosela en la idea de que ellos controlan el flujo de la información lo que, en el tiempo de las redes sociales, es imposible. Y también es torpe, teniendo en cuenta que el PRO tiene las gateras vacías en cuanto a noveles figuras políticas, y siendo Mariano Bowden una de ellas, actuar de esta manera teniendo el objetivo de posicionar dirigentes propios de cara al 2027.
No se comprende esta idea de mandarlo a la pira —siempre flamígera— de la indignación pública a sostener esta marrada que —obvio es— proviene de una decisión política que a él lo excede. Durante la entrevista que le realicé al aire de la FM 99.9, desde todos los barrios de Mar del Plata llegaban reclamos por el estado de los asfaltos y las luminarias, y una constante queja que se resume en dos términos: «mentiroso» e «irrespetuoso». No tiene buen aspecto.
Otro tema que se las trae —desarrollado en el Central de esta edición—, es la habilitación, por caminos oscuros, de una nueva boca de venta iniciada por la Cooperativa de Consumo de Bahía Blanca, que motivó una presentación judicial muy dura por parte de la UCIP.
¿Quién es tan poco seso como para repetir el error que cometieron cuando se le afirmó a la francesa Carrefour que podía avanzar con la apertura de tres bocas de su línea «Carrefour exprés», que nunca pudieron llegar a estar operativos, precisamente, a raíz de un ejercicio legal que procuró esa misma central empresaria?
Hay un tema grave en esto: todo el proceso de habilitación, se hizo sin exponer cuál era el actuario legal real. Es un dato cierto que ya nada de todo esto se puede ocultar de la vista de la sociedad.
El intendente busca —con todo derecho— un giro fuerte en su gestión, pero debe mirar con atención ya que el blindaje del que ha gozado hasta ahora, ya no es inviolable.