Dicen que una imagen vale por mil palabras. Interrogante: ¿y un video, cuántas palabras vale? Los videos que subieron los medios tradicionales —generosamente proveídos por la fiscalía general— conmovieron a la opinión pública por la crudeza de los hechos registrados en el salón de remates del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, y no es para menos.
Otro interrogante, éste, para los recién advertidos: ¿es lo que se ve, lo efectivamente ocurre? ¿O, por el contrario, es como en los trucos de magia, en los que hay un detrás de escena capaz de explicar el espectáculo que se monta para que el público lo crea?
La investigación está diseñada como un fenomenal truco de magia que muestra, pero no revela. El detrás de escena es en donde están los hechos reales. El show perpetrado ante las cámaras del salón de remates, grabado en alta definición, tiene un entramado por detrás que es el que lo ha hecho posible por décadas que estas cosas sucedan. Tomemos, por caso, la subasta que dio lugar a las denuncias en sede penal del letrado Esteban Fraile.
La denuncia de Fraile se originó en un expediente de 2010. Antonio Di Muro había llevado a remate una propiedad puesta como garantía de un crédito otorgado a dos jubilados quienes, por razones que no se indican en el expediente, no satisficieron en tiempo y forma. Simpático o no, el remate correspondía por razones de pleno derecho. Se procuró en el Juzgado Civil nº 5 al frente del cual estaba el hoy camarista y presidente del Colegio de Magistrados de la provincia, Rodrigo Cataldo.
He aquí la matriz del detrás de escena: el juzgado, su titular, y el secretario a cargo del expediente, son los responsables de tutelar los pasos para obtener el precio de resarcimiento del reclamante y de, si hubiere saldo, entregar, luego de honorarios, tasa de justicia, etc. el diferencial al sometido a dicha instancia judicial.
Como queda revelado esta investigación, el accionar doloso del sistema judicial no ha cumplido con esta responsabilidad cuando menos en 510 expedientes, que implican, cuando menos, un monto de U$10 millones. Cada expediente tiene un juzgado, cada juzgado un juez, y, cada remate, un martillero designado: los tramoyistas detrás de escena de este apoderamiento impiadoso de bienes de la gente a un precio vil.
En el caso denunciado por Fraile, el juez de grado Rodrigo Cataldo desoyó las decisiones de la Cámara Civil, se alzó contra la misma, y avaló la maniobra fraudulenta. Esto llevó a Fraile a elevar una denuncia penal contra el juez, que debió procurar el fiscal Eduardo Amavet, algo que nunca ocurrió.
Y aquí hay otros actores. Fernado Mariano Ariel Fernández es secretario en la Cámara Penal (goza de licencia gremial eterna), designado por el camarista Marcelo Madina. Este integrante de la Asociación Judicial Bonaerense, denunció a Rodrigo Cataldo por violencia laboral en su ejercicio del Juzgado Civil y Comercial nº 5, buscado impedir su designación. Nunca exhibió la denuncia penal que vincula a Cataldo con la «Liga de remates» y sus acciones, que eran el escenario de negocios millonarios para los capitalistas del esquema y que son uno de los puntos a cubrir procesalmente, si se busca eso que llamamos «justicia».
(Continuará)