Tal como viene ocurriendo cada vez que se anuncia algún cambio significativo en la ciudad, la polémica está servida. Y no es que esté mal que haya debate, el problema es que se mienta y vitupere sólo por el afán de oponerse.
El debate al respecto de las presentaciones de excepción para un conjunto de inversiones privadas en la ciudad se enfocaron casi de manera exclusiva en uno de los proyectos, el presentado por Fiduciaria Proyectos Urbanos, la estructura elegida por la impulsora de la misma, quien es a su vez la presidenta de la Cámara de Constructores.
Todo es discutible. El tema, es qué se discute y por qué se discute. Si es por lo patrimonial, no hay afectación, ya que las propiedades que llevan el mote de «históricas» y que se emplazan en la manzana en donde se erigirá la torre, serán preservadas. Si se discute el área de sombra, no hay afectación al respecto sobre las playas, a diferencia de lo que ocurre, por caso, en Miami.
Lo que es muy curioso, es cómo año tras año en estas situaciones se desata el modo de citar hechos nunca comprobados. En ese sentido, este debate tuvo de todo.
Lo reconozcan o no, hubo un actor en el sistema que pidió u$s20.000 para dejar de cuestionar el proyecto. Y, en el sistema de medios, todos los sectores políticos repiten esta situación que a veces está provocada por el apaño que reciben algunos escribas sin pudor ni honor y que se vinculan con la vida política de la ciudad. Ni le contestaron, y bien que hicieron. Me dicen que hay audio. Quizás también haya video.
Lo cierto es que los votos estuvieron, incluso los del bloque libertario que, ideológicamente, siempre ha estado a favor de las inversiones. Hay en esto una lección: las buenas formas, ayudan. Tratar a la gente de mal modo provoca reacciones de enojo que pudieron haber cambiado el final de esta historia. Tienen razón los ediles que hablan de un «tratamiento exprés». Era cuestión de hablar y explicar y, en todo caso, debatir, pero con sensatez.
Distinto es el caso de la ordenanza sobre el espacio en donde se construirá un bar de gin en un predio conexo al hoy denominado Faro de la Memoria. Ahí sí, hablar, no sirve de nada. Una denuncia patética basada en un decreto del Proceso —anterior a la ley que creó el espacio—, es absurda. Para denunciar un acto propio de la democracia, quieren usar argumentos que emanan de un decreto de un gobierno militar.
El planteo aduce que se han violado reglamentaciones y evitado cuestiones ambientales en un fiel cocoliche propio de las creaciones judiciales de Cesar Sivo, el abogado por algunos derechos humanos. Una fiscal del fuero tomó la decisión de admitir la denuncia en vez de desestimarla in limine, que sería lo apropiado. Inexplicables debates impulsados por odiadores, envidiosos y actores faltos de toda visión de progreso.