Las acciones que llevaron a la detención de dos abogados y sus asociados en Mar del Plata, integrantes de un estudio dedicado a gestionar jubilaciones y pensiones de manera fraudulenta, arrancaron en una movida de la Superintendencia de Seguros de Riesgos de Trabajo, en línea con Anses y AFIP.
Que nadie se llame a engaño: no es una investigación local; muy por el contrario, los funcionarios nacionales debieron reclamar ante estos magistrados federales por un expediente llegado de la justicia provincial, en la que alguno de los ahora encartados habían accedido a una probation por delitos comunes en el cobro de honorarios en trámites jubilatorios.
Si bien en esa causa en el fuero provincial lo que se trató es el cobro indebido de honorarios, la matriz de la misma dejaba al descubierto la maniobra que hoy la justicia federal eleva a la suma de algo más de cien millones de pesos. Los detenidos son ampliamente conocidos en la ciudad, sobre todo los abogados Rubén David Cagni y Luis Miguel Iroz.
Iroz, en particular, siempre cultivó alto perfil público en las redes sociales, viajes al exterior de modo permanente, y una evidente obsesión por identificarse con “El padrino”, aquel personaje inolvidable encarnado por Marlon Brando –tan literal, que la música de espera de su celular corresponde a la banda de sonido de aquella película-. Rubén David Cagni es la antítesis de Iroz: es casi imposible hallar una imagen suya en la web. Quien parecería también tener un perfil del mismo tenor es Roberto Luis Balbuena, un radical histórico que siempre apoyó al PAR y fue aportante a las campañas de Elio Primo Aprile, con quien compartía asados de manera frecuente en una peña que se reunía en una fábrica de portones en Mitre al 3300.
Tal como suele decirse en nuestra aldea extendida, las actividades de los mencionados eran ampliamente conocidas: el silencio, la omertá y una secreta envidia por el patrimonio de estos actores hoy en camino al penal de Ezeiza, eran los ingredientes infaltables de este clásico del cotilleo en la ciudad.
De su acumulación de poder mediante favores, hay mucho para citar. Por caso la jubilación por invalidez que le consiguieron al ex juez y camarista Enrique Ferraris, quien percibiendo el beneficio, continúa hasta hoy ejerciendo como abogado.
En el allanamiento realizado en Paso e Hipólito Yrigoyen, donde funcionaba la estructura central de la organización, en el último piso se encontró un consultorio médico completo, y también una caja fuerte con cientos de escrituras por un valor indeterminado pero varias veces millonarios.
Y aquí hay que hacer un punto: no deberían, por motivos que aún no es oportuno hacer públicos, intervenir ni Santiago Inchausti ni el camarista Eduardo Pablo Jiménez. Alcanza con decir, en líneas generales, que se trata de una causa claramente vinculada a gestiones que los mencionados eligieron pasar por alto. Como mínimo.