Hasta para el más distraído se hace evidente que la “blitz” que a diario impulsa por métodos de acción política directa Gustavo Arnaldo Pulti con el único objetivo de acorralar y derribar a Vilma Baragiola, está entrando en un escenario diferente por causa y efecto de los hechos de corrupción que despliega esta administración.
El 24 de febrero dimos a conocer el estado procesal de Adrián Alveolite en la causa que lo llevará a juicio oral y público por los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica de instrumento público. Pasaron 8 días hasta que se admitió la situación, y Pulti reaccionó aplicando el noveno principio del decálogo de Joseph Goebbels, el de la silenciación. “Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines”. Como en cada ocasión, los medios digitales loquepasa.net y 0223 -denunciados por el abogado Fernando Herrera en causa judicial como “medios extorsionadores de la política”- se ocuparon en señalar que “Alveolite es un funcionario correcto y honesto que trabaja mucho y bien”, y luego apuntaron una vez más a la oposición con expresiones soeces y mentirosas.
No estaba repuesto el intendente aún de este varapalo cuando este medio, bajo el título “No hay tiento que no se corte”, dio a conocer las declaraciones judiciales de dos ex empleados municipales, Rubilar y Burgos, que exponen la auténtica trama de corrupción que, en cabeza del intendente, ha usado la Dirección de Tránsito para financiar a Acción Marplatense. Queda claro, a partir de esta información conocida recientemente, que Juan Carlos Belmonte nunca fue el jefe sino el operador designado por el propio Pulti para manejar e impulsar el manejo espurio de esta rama de la administración comunal.
Sin embargo, y como no hay dos sin tres, el último viernes se conoció una sentencia del fuero contencioso administrativo que refrenda claramente el absurdo de autoridad y poder que ejecuta a diario el secretario Adrián Alveolite. En el expediente, iniciado por el vecino Jorge A. Moreno Iglesias, se dio lugar al reclamo presentado por este comerciante al que Inspección General -cuya cabeza y jefe político es Alveolite- le había clausurado su comercio en el área céntrica de la ciudad. Dicho decisorio señala: “En primer lugar y siguiendo el orden de la demanda, esa pieza cuestiona el acto por dos principales razones: (i) haber violentado las normas del debido proceso administrativo, al no haber notificado previamente la existencia de un proceso de revocación conculcando así el derecho de defensa, y (ii) por carecer de motivación al haber invocado causas falsas, viciando el acto insanablemente”. El juez en lo contencioso administrativo Marcelo Fernández señala en su fallo, que obviamente da la razón al vecino, que “como ha quedado demostrado tras el examen de las constancias probatorias realizado en el apartado anterior, la inexistencia de sanción en diez de las doce causas mencionadas como antecedentes de hecho del acto administrativo bajo análisis, así como la inexistencia de denuncias de vecinos contra el establecimiento o su propietario, debilitan de tal modo su sustento fáctico que afectan de manera inexorable la legitimidad de la Disposición 04/2013 (art. 108, Ord. Gral. 267/80).”
Una actitud repetida por Alveolite: mentir, abusar, desalojar brutalmente. Comparado con quien hace daño empuñando un arma, podría decirse del secretario que es un hombre “trabajador y honesto”. Lo que no funciona es la comparación, que es completamente engañosa. Y no lo dice N&P: esta vez lo dice y lo firma un juez.