¿Cuál es el valor de la ley y de las normas en nuestra sociedad? Con gran franqueza, el secretario de Producción e Integración Público Privada, Fernando Muro, admitió, en diálogo con la FM 99.9 que le han otorgado la habilitación a «La Coope» para que abra su nuevo local aún a consciencia de que hay una legislación provincial y una ordenanza municipal que no lo permiten.
El primer canto de sirena de Muro fue afirmar: «quiero ver quién se opone a permitir que 45 familias tengan trabajo». ¿No se puede crear trabajo respetando las leyes y ordenanzas? Y no se trata aquí de subirse a los planteos de la UCIP: en este punto, debo señalar que carezco —como es público y notorio— de alguna simpatía por el titular de la misma, Blas Taladrid, por las razones que he expuesto por años. Si vale, las reitero.
Empecé a conocer en profundidad a la UCIP en la década de 1980, cuando el rol en el que hoy se desempeña Taladrid estaba en manos del excepcional y discutido Eduardo Benedetti quien, en 1983, fue candidato a intendente por el MID. Más adelante, en los años que la institución fue controlada y presidida por Raúl Lamachia, hasta su deceso, la misma fue llevada hacia una deriva política de hacer negocios y caja, esencialmente en la relación con el estado provincial.
La batalla de la UCIP es de ellos. Lo que cuenta, es el proceder de esta gestión que siente, en palabras de un integrante del gabinete, que «tenemos protección judicial, así que hagamos lo que hay que hacer».
No es sólo «La Coope»: esta administración acumula actos y gestos impropios, por caso, el tema de las aplicaciones de viajes: hay una ordenanza de la intendencia de Carlos Fernando Arroyo que impide el funcionamiento de las mismas en General Pueyrredon, y hay una carta de intención del intendente planteando con las organizaciones de taxistas que no se permitiría el funcionamiento de las mismas. Sin embargo, en 2022, año de la gloria futbolera argentina, en el playón de Las Toscas lucía oronda la publicidad de Cabify, la empresa española que goza de la protección del malhadado Ladrey. Está todo a la vista de todos.
Volviendo al caso de «La Coope», hay testimonios que indican que se le permite operar en la ciudad a un grupo que, bajo el cartabón del cooperativismo, es en realidad una mega empresa con 330 sucursales que ha hecho de burlar la ley, obtener ventajas y corromper el sistema político, un modus operandi. Y en cada ocasión que traté este tema en la radio, surgieron testimonios que así lo indican fehacientemente. Un mismo grupo de dirigentes manejan «La Coope» desde hace más de cuarenta años, y no es algo que se me ocurra a mí, sobran datos. Se los puede consultar sólo haciendo una búsqueda en internet.
Más allá del estruendo de este tema puesto en escena por UCIP, y judicializado aún sin definición, la puesta en marcha de esta boca comercial —en contrario a derecho— comenzará a facturar con el beneficio que implica —en su falsa condición de cooperativa— estar exento del pago de ingreso brutos, una ventaja crucial a la hora de la competir con otros emprendimientos del mismo rubro.