Fue un viernes arrollador. En pocos minutos se sumaron al interés público una miríada de resoluciones judiciales que arrojan luz sobre los entremeses del poder: la decisión del juez contencioso administrativo Marcelo Fernández, que rectifica su propia manda judicial exprés referida al valor del pasaje urbano; la investigación de la Fiscalía 10 por el fraude con fondos públicos que implica al exintendente Gustavo Pulti y a su esposa Lucila Branderiz (ver nota central de esta edición) y en un remate infartante, la Cámara Federal demuele la causa conocida como “de las financieras”, dejando con sus partes al aire a la fiscalía de Laura Mazzaferri, al encarcelador serial Santiago Inchausti, y al fiscal general de cámaras Daniel Adler.
La Cámara Federal hace hincapié en las escuchas llevadas a cabo por los integrantes de la Gendarmería nacional, la cabo/secretario Carmen Patricia Mueler y el suboficial mayor (preventor) Luis Ramón Albornoz. La definición procesal de la Cámara va por la cadena de actuación que tiene en su punto más alto a Santiago Inchausti, Laura Mazzaferri y Daniel Adler, quienes avalaron y utilizaron las acciones devenidas de las escuchas que, hoy descalificadas, dan por tierra con la existencia de criminales de cuello blanco alguno. Daniel Adler, fiscal general de cámaras, sostuvo, en ocasión de los alegatos volcados por las defensas de los encartados por la dupla Mazzaferri/Inchausti: “Estamos ante una estructura aceitada, dedicada a cometer delitos de cuello blanco, propia del crimen organizado”. Ante el interrogante sobre si la Fiscalía General de Cámaras apelará el día 26 de abril o no, cabe señalar que la ley obliga a Daniel Adler a apelar.
Lo que está a la vista es que el sistema se protege a sí mismo una vez más. Como ya pasó cuando desaparecieron cien kilos de droga de la bóveda del TOF, las culpas caen sobre actores menores sin poder real. Tal como señalamos en nuestro central del 1/10/2016 bajo el título “Libertad condicional”, “en el operativo (…) no solamente se detuvo a personas que no tenían nada que ver ni remotamente, sino que se realizaron requisas personales con gente que está lejos de tener una cuenta corriente bancaria. Hay personas acusadas de delitos gravísimos sin pruebas objetivas que puedan sostener esa imputación. Algunos detenidos expusieron que fueron desnudados por orden judicial de requisa, y les fueron secuestrados sus teléfonos particulares sin autorización”. Literales violaciones a los derechos humanos esenciales, sobre las cuales la Cámara, al determinar la inocencia de los encartados por la anulación de las pruebas iniciales espurias, no parece haber reparado ni mínimamente.