Columna de tapa, escrita por el periodista José Luis Jacobo
Fue en medio de la fútil batahola por el pliego del trasporte que entrevisté al concejal de AM Horacio Taccone, quien se abocoó a la plañidera expresión habitual de los curules en nombre de los bataneses y marplatenses: “no puede ser que viajen en este modo y que el pliego haya caído privando al ejecutivo de cambios que los protejan como usuarios del sistema”.
La Campora tiene un objetivo: reducir la actividad económica de Mar del Plata, para así hacerse del poder al volverse cada día más necesaria para sostener en mínimos a una población sumida en la miseria.
Cuando pareciera ser que acá todo es Covid, y mientras que otras naciones —como Israel— retornan a la vida normal y sin barbijo, sin exclusiones horarias, y con plena circulación por el éxito de su programa de vacunación, en Argentina enfrentamos el 2021 en un estado de incertidumbre absoluta, agravado por la situación económica propia que implica el deterioro del valor del peso y las derivaciones de las medidas gubernamentales en materia económica.
Surgió de la nada misma. Alejandro Carrancio torpedeó el pliego de licitación del transporte en una acción que cuestionaron fuertemente sus compañeros de la bancada de Juntos por el Cambio.
Los reclamos de los vecinos del área de Mar del Plata habitualmente denominada “zona roja” —citada por el fiscal Rodolfo Moure como “zona blanca”—, ubicada entre Avda. Luro y Belgrano, y entre Los Andes y Champagnat, es una piedra en el zapato de las sucesivas gestiones, en donde el reclamo cae sobre el municipio cuando, quienes deberían ser efectores de la solución (si la hubiere), son el servicio de justicia y su brazo auxiliar: las fuerzas de seguridad.
El sistema de transporte en la ciudad —léase: «los colectivos»— son un tema recurrente de la vida política de Mar del Plata. La memoria colectiva de la ciudad, siempre frágil y acomodaticia, ha instalado mitos y lugares comunes que en nada sirven a la hora de mejorar la situación del servicio.
