Columna de tapa, escrita por el periodista José Luis Jacobo
No son pocos los que desarrollan la teoría de la intervención a la comuna de General Pueyrredón en los ámbitos del círculo rojo pálido de la ciudad. Más que factores de poder, son rapiñadores del erario público. Citan como un mantra: “el conflicto con los municipales va a seguir hasta que Vidal decida intervenir Mar del Plata e imponga a Montenegro”.
La chirinada golpista fracasó. Una vez más, la coalición de intereses espurios que por décadas ha vivido del saqueo del patrimonio comunal marró el cálculo de los acontecimientos, y lo que imaginaron como el acto final que llevaba a la demolición del mandato de Arroyo, les estalló en las manos
Un letrado local argüía en tono alto: “no conocen a los municipales, se lo van a llevar puesto a Arroyo”. Lo decía contento, casi como de fiesta. La democracia está en nosotros, pero el fascismo golpista es un sujeto vivo que merodea de a viva voz.
La partida del intendente Carlos Fernando Arroyo del acto de presentación del programa de playas publicas fue el corolario de una serie de situaciones de mal gusto en el trato y ninguneo político sistemático. La media local hace foco en Arroyo; pero el esquema de glorificar a la gobernadora en los actos, dejando a los dirigentes en el rol de una claque que esta para aplaudir, harta ya a la dirigencia de Cambiemos.
Es una batalla de fondo, en la que no hay espacio para débiles de espíritu. La dirigencia sindical municipal busca hacer el trabajo sucio que la coalición de intereses que anida en Mar del Plata durante los últimos veinticinco años no logró llevar a cabo por la vía política: llevar a Carlos Fernando Arroyo a renunciar, inviabilizando el funcionamiento de la administración comunal.
Debiera decir que no hay nada nuevo bajo el sol. Desde el triunfo mismo de Carlos Fernando Arroyo en 2015 la postura de llevarlo a renunciar al cargo fue sistemática, llevada adelante mediante una colusión de intereses entre sectores políticos que han representado por años la mise-en-scène de estar en bandos opuestos, pero acordando metódicamente el reparto de cargos y prebendas. Doce millones de pesos en asesores es un monto demasiado alto, que no explica la paupérrima performance legislativa vernácula.
