Columna de tapa, escrita por el periodista José Luis Jacobo
A diario, la búsqueda de colocar a la gestión comunal en un lugar de inacción e ineficacia juega partidas mediático políticas de una estupidez proporcional a la de los estúpidos que las impulsan. Lógicamente, da para la comidilla del patético «círculo rojo» desteñido que hace de intelligentsia vernácula.
Fue un viernes arrollador. En pocos minutos se sumaron al interés público una miríada de resoluciones judiciales que arrojan luz sobre los entremeses del poder
El mismo día en que se inicia el segundo periodo legislativo de la intendencia de Carlos Fernando Arroyo, desde el fuero contencioso administrativo le dictan un ukase de violencia institucional extrema, abriendo así la puerta a una nueva etapa de acoso y derribo cuando ya las estrategias destituyentes parecían agotadas.
El 24 de marzo de este año desnudó la falacia instalada respecto del pasado reciente que se empeña, por la acción de los individuos, en ser presente, en una brutal anomalía temporal. La movilización que implicó el sinceramiento de Hebe de Bonafini sobre su participación en el kirchnerismo expuso en gestos, dichos y acciones la real naturaleza de lo que está en juego en la sociedad argentina.
Con la urna clavada en la frente, los actores políticos se mueven al compás de la desesperación por ganar espacio y reconocimiento ante el vecino de a pie, es decir el votante. Sólo así se comprende la mascarada vivida en el Concejo Deliberante bajo la excusa de hacer comparecer a la secretaria de Educación comunal Ana Crovetto: se pretendía alcanzar a través de dicho comparendo al intendente, y mantener la falsa acusación contra el Ejecutivo de haber utilizado la policía para amedrentar a las autoridades de la Escuela Municipal 205.
Falta aún conocer la sentencia, pero la decisión del Tirbunal Oral Federal (TOF) de dejar en libertad a todos los encartados por trata en el caso conocido como “La Posadita” -en rigor La Posada- puede marcarle un final al oprobio del armado de causas al que concurren el fiscal general de Cámaras Daniel Adler, la fiscal de grado Laura Mazzaferri y el juez federal de primera instancia Santiago Inchausti.
