No ocurrió en Mar del Plata, pero bien podría haber ocurrido. Un grupo piquetero atacó en Tandil a agentes de la Policía Federal que custodiaban una oficina del ANSES, y les arrojó líquidos cloacales. Ello aconteció horas después de que en nuestra ciudad, un grupo de personas con sus rostros cubiertos atacara el palacio municipal, arrojara piedras, empujara desde una escalera al comisario Edgardo Vulcano y lastimara a varios agentes.
Hasta hoy, todos estos violentos están impunes. Hay un esquema político que condiciona al Poder Judicial y lleva a la inmovilidad de los actores judiciales. Los cortes frente al palacio de gobierno comunal exponen una situación que atraviesa en buena medida el Código Penal. Por increíble que parezca, a nadie parece importarle, y si le importa, curiosamente no pasa de algún comentario de oportunidad.
Esta semana, el Gobierno municipal, en las personas del secretario de Gobierno Alejandro Vicente y el subsecretario técnico Gustavo Gil de Muro, dirigió al fiscal general Fabián Uriel Fernández Garello una misiva haciéndole notar por escrito lo que todo el departamento fiscal parece ignorar: que hay corte de calles, fuegos encendidos en la vía pública, toma ilegal de energía de los pilares de luz y daños a bienes, tales como los destrozos ocasionados en plaza San Martín, que forma parte del patrimonio histórico que nuestra ciudad recibió de la tarea increíble desarrollada por Adolfo Primavesi.
La presentación de marras sigue sin respuesta, y debería entenderse más que suficientemente como una simple y brutal omisión de los deberes de funcionario público de Garello hacia abajo. Que la administración tenga que exponer por nota lo que ocurre es una burla a la fe pública.
Esta situación no es nueva. En el tiempo final de la administración de Blas Aurelio Primo Aprile, el MTR, liderado por Chacho Berrozpe, ocupó la plaza San Martín por meses. Horas después de que Aprile renunciara y asumiera Daniel Víctor Katz Jora, las huestes piqueteras se retiraron. Se habló en ese momento de un pago por izquierda en mano al propio Berrozpe; siempre hay un trasiego lejos de la mirada pública que habla de dinero en mano. No es el caso hoy. Si alguien se lo sugiriera al intendente Arroyo, no le iría nada bien. La administración está dispuesta a aguantar lo que haga falta, pero no va a pactar por detrás, y exige que se acate la ley y que se cumpla.
No es casualidad que dos intendentes que no pertenecen al núcleo de Cambiemos, como Lunghi y Arroyo, estén sometidos a la tensión de estos grupos. Lo que ocurre en estas dos localidades no pasa en el resto de la provincia: incluso en La Plata hay acciones concretas por extorsión y violencia sobre grupos piqueteros. Allí no hizo falta hacer presentación escrita alguna para que el sistema judicial actuara. Diferencias que trescientos cincuenta kilómetros de distancia no pueden explicar, salvo que la lectura sea política. Y lo es.