Según Sebastián Puglisi, secretario de Educación de la comuna, “todos los candidatos expresaron que, de ser gobierno, repondrían la bonificación especial a los docentes conocida como código 59 que les quitó Arroyo”.
En primer lugar, lo plantean como si fuera una cuestión personal, y no una cuestión institucional. La bonificación surgió de un acuerdo político, no de una ley u ordenanza. Además, afectan ignorar que el código 59 está sometido a resolución judicial ante la Suprema Corte de la provincia. De mayor peso aún es el hecho de que no hay recursos económicos para pagar ni el retroactivo, ni la bonificación misma. Es así que emprenden una aventura política innecesaria: incorporar al presupuesto 2020 una tasa especial de entre $70 y $400 para tener un respaldo de $250 millones que permita cubrir el monto que implica cumplir la promesa de campaña sin tener que volver a meter mano en el fondo de infraestructura.
Otra erogación sorprendente ha sido la entrega de $13 millones a la mutual de los guardavidas. La misma se hizo mediante un subsidio, cuyo objetivo es pagar el servicio que se brinda en distintas playas durante el mes de noviembre. De persistir el presente acuerdo, que exceptúa a la mutual de obligaciones propias de su conformación ante el Estado, la comuna le abonará a Di Virgilio y su grupo cuando menos $52 millones hasta fines de febrero.
Los asuntos de la comuna están signados por una política que busca diferenciarse de lo anterior, sólo para instalar una pax pública ficticia. Los actores que marcaron el conflicto en los cuatro pasados años están agazapados, y van a volver por más.
El concejal Daniel Rodríguez fue claro al señalar: “hay que revisar a fondo el contrato de concesión del transporte público y la recolección de residuos urbanos”. Obvio es que hay interesados en danza por ambos servicios públicos en manos de privados.
Inaugurado que fue el Teatro Tronador, hay que preguntarse qué otra prueba hace falta para comprender lo bien que le haría a Mar del Plata dar espacio a la propuesta de Wam Producciones para la Plaza del Agua, la cual hoy está en un limbo por las presiones del multi Ladrey disfrazadas de preocupación por los espacios públicos.
Esa estrategia ya fue usado en años anteriores, cuando se propuso un proyecto para la Plaza del Agua que fue bloqueado empleando la ex concejal Viviana Roca, con el consabido argumento de “cuidar la prioridad de los vecinos para el uso irrestricto de los espacios públicos”. Hipocresía al servicio de a quien la clase política sigue considerando su amo y señor. Si, tal como se afirma, en días se repondrían en el Paseo Cultural Terminal Sur los carteles que indican el nombre de fantasía de “Paseo Aldrey”, el retroceso se habrá consumado. El cangrejo, en tanto retrocede, se miente así mismo, diciéndose que avanza.