Es ya un clásico en la ciudad hablar de una «zona roja», un eufemismo devenido de la existencia de esas áreas en las ciudades europeas, en particular en Ámsterdam, en la cual la prostitución es ejercida en un marco de control estatal. Aquí, en cambio, no hay control alguno.
En parte, porque la maraña de roles institucionales públicos hace que nadie actúe para, cuando menos, cortar con la cadena de venta de droga, en particular por medio de los travestis que, en su mayoría, son extranjeros. Muchos de ellos, de nacionalidad peruana.
El área donde se venía desarrollando la actividad hasta ahora complicaba mucho la vida de los vecinos de un conjunto de barrios de la ciudad que veían alterada su habitualidad y, por momentos, atravesaban inconvenientes que van desde la grosería hasta la exhibición grotesca, en una puesta en escena a la que nadie —sensatamente— quiere exponer a sus hijos.
La solución orquestada por el gobierno municipal es la de llevar esta actividad a otro punto de la ciudad con una menor densidad poblacional. Sin embargo, hay un detalle que se debe destacar: en ninguno de los seis barrios ahora afectados por esta decisión, hay un núcleo de votantes del actual oficialismo en la ciudad.
Por el contrario, son barrios en donde el FdT reina a la hora del voto. La propuesta de ir por puniciones —incluso, penales— en la ordenanza impulsada por el intendente —quien, como abogado y ex juez federal sabe de marcos de acción legal— es ciertamente discutible. Es difícil que ese tipo de sanciones propuestas por una mera ordenanza sean de aplicación real.
No obstante esto, no ha sido posible provocar la caída de la misma ya que las presentaciones ante la justicia federal en dicho sentido fueron desestimadas por el juez Alfredo López. Sin embargo, la decisión del magistrado responde sólo a cuestiones de forma, sin que se haya pronunciado por la cuestión de fondo.
Lo tremendo de todo esto, es que esta situación lleva a que no se hable —y, peor aún, no se haga nada— al respecto de lo verdaderamente grave de esta situación: la existencia de una cadena de venta de droga —en particular, por parte de lo que se conoce como el «colectivo trans»— a vista y paciencia de todos los poderes con competencia en la ciudad.
En su momento, mientras realizaba una suplencia al frente de la fiscalía de drogas provincial, el fiscal Rodolfo Moure calificó el área de la ciudad afectada al ejercicio de la prostitución como una «zona blanca», poniendo en negro sobre blanco el auténtico tema que se debe combatir. Sin embargo, a nadie parece importarle.
Los grupos afectados por el cambio de ubicación del área plantean una actitud de resistencia: dicen que no van a concurrir al nuevo corredor en donde se les permite ejercer su actividad y plantean, entre otros eufemismos, que «caminar no es delito». Obviamente, no lo es.
El «causus belli» lanzado por Montenegro irrita a variantes sociales de impacto que pueden afectar la política local de maneras que aún no han sido advertidas en su totalidad.