Adelante en el tiempo, cuando las virtudes de la administración Arroyo se reconozcan —pasado ya el fuego fatuo del cotilleo político mediático del día a día—, la decisión de dar fin a la designación provisoria del contador Oscar Rossi en el cargo de jefe de compras de la comuna, para enviarlo a su cargo en el EMSUR, será considerado un punto de inflexión en el modo de llevar sensatamente la administración comunal.
Rossi, afiliado radical sin mérito político alguno, fue elevado por los curules de todas las bancadas al sitial de honor de los perseguidos políticos ante cada medio integrante de la cadena de corte y pegue que en Mar del Plata hacen de medios de comunicación y expuesto como una víctima de una acción anti democrática por radicales, peronistas de todas las tribus del PJ y accionistas marplatenses en default.
Obvio es que la decisión de su desplazamiento se originó a raíz de la propia conducta de Rossi, quien argüía de forma sistemática razones administrativas para demorar, cuestionar, o —sencillamente, en criollo básico— “empiojar” las gestiones y, en definitiva, perjudicar al ciudadano del común, porque los trámites que implican resolver los problemas que los afectan se extienden insoportablemente en el tiempo.
Indignado, aupado en el comité radical, y recibiendo el apañamiento de las bancadas en el consejo, Rossi se dirigió al contencioso administrativo a pujar con la administración, arguyendo que su designación provisoria de una década en el cargo era, por fuerza de los usos y costumbres, un derecho ganado.
Como si estuviéramos en Comodoro Py, la demanda cayó en el juzgado de Marcelo Fernández. Es curioso que nueve de cada diez causas en sorteo (figura retórica) caigan en dicho juzgado, cuyos fallos van siempre en contra de los intereses de la administración comunal. Fernández, como ya es su estilo, dio razón al demandante y se reinstaló la catilinaria del daño al erario causada por la supuesta arbitrariedad del intendente y sus funcionarios directos.
Ahora un nuevo fallo de la cámara del fuero contencioso administrativo con el voto concurrente de los magistrados Mora y Richitelli, que se dio a conocer esta semana, dio por tierra con esos predicamentos entendiendo que “provisorio” significa “provisorio” y que usos y costumbres no reemplazan a la legislación vigente. Rossi está perfectamente desplazado al cargo para el cual ingresó en la administración, y el demandante deberá hacerse cargo de pagar las costas del juicio.
Hasta aquí, lo formal de una resolución judicial que no sólo da razón a la administración, sino que impone otros parámetros hacia adelante. Por caso, deja expuesto al abogado Martin Colombo —quien fuera el procurador de la anterior administración—, parte de una élite auto-referenciada en el derecho administrativo a la cual los términos del fallo golpean duro. También es un triunfo por todo lo alto para Alejandro Vicente y Gustavo Gil de Muro, quienes fueron ratificados por el intendente como los únicos actores de peso en la acción de desalojo del Paseo Hermitage y playa las Toscas, terminando así con la idea del doble comando, y que originó los cotilleos torpes de la semana pasada en este delicado tema que impacta de lleno en el imaginario político y de poder de Mar del Plata.