Siete mil millones en déficit después, el municipio no le encuentra la puerta de salida a esta crisis autoprovocada. Hablar de la falta de envío de recursos por parte de provincia o nación, es sólo tirar de la misma cadena de quejas y excusas de la que tira a diario el deforestado mental que ocupa la gobernación de la provincia.
La mala praxis política ha desfondado la caja municipal. No hay ni planes ni ideas para poder recuperar y estabilizar las finanzas. La denuncia por parte de la UCIP, al respecto de los montos que se desvían del fondo de promoción turística a otras cuestiones, revela cuán profunda es la crisis. La justificación de que se afectaron esos recursos para garantizar el funcionamiento del EMTURyC, no cierra por ningún lado.
Amén de ello, hay un tema en ciernes: la vinculación del municipio —o, al menos, de algunos de sus funcionarios— con la causa que vincula a la AFA con Sur Finanzas. El juez Armella tiene entre ceja y ceja a los funcionarios de este municipio. Ahora, no creo que esto se deba a lo mal que lo trataron en noviembre pasado, cuando un vehículo afectado a su juzgado fue secuestrado y no hubo ninguna gentileza a la hora de devolvérselo.
En rigor, en poder de la investigación obran datos certeros de intercambios por mail, conversaciones por WhatsApp y otras comunicaciones que dan cuenta de una negociación en torno a la licitación del Minella y del Polideportivo que son extremadamente inadecuadas si se tiene en cuenta cuál debería ser el correcto comportamiento de un conjunto de funcionarios públicos.
En otro orden, el estado de ausencia absoluta por parte del ejecutivo local —tanto del electo, como del sustituto (no le digan así)— en el tema de la crisis que atraviesa la industria pesquera, no se puede creer. La actitud me lleva a pensar si creerán que la actividad ocurre en alguna otra latitud. Es cierto el decir popular de que «el puerto es otro mundo», pero de ahí a ignorar las responsabilidades que les caben, hay un abismo. Y no es sólo el que no dicen «esta boca es mía». Ni siquiera le reclaman claramente al gobernador, para que éste se involucre.
Algo similar sucede con el tema de la crisis del servicio de transporte local. No es un tema baladí: el colectivo es el medio de transporte más masivo de la ciudad, y el valor del viaje es un dato clave de las conversaciones políticas vernáculas y su impacto real en el ciudadano de a pie es innegable.
A diferencia de la gestión —es una forma de decir— actual, Carlos Fernando Arroyo gestionó, ante una situación administrativa crítica que se dio en los últimos días de su gobierno, allá por diciembre de 2019, un giro de fondos de emergencia de unos 20 millones de pesos destinados a las empresas de transporte para evitar así un paro de transporte antes del traspaso de mando. Esta acción permitió equilibrar el sistema y evitó una crisis en plena temporada de verano.
Hoy, con una deuda millonaria por parte de la provincia, no hay ni atisbos de buscar una solución a este problema.
La ciudad está a la deriva, mal.