Es probable que todavía se halle gente que, como el ministro de Defensa Agustín Rossi, diga que una ley de derribo es aplicar “pena de muerte sin juicio previo”. No es menos cierto que se escucha a diario que el delito es la consecuencia de la inequitativa distribución del ingreso, expresión que coloca inexorablemente a la víctima en el rol de victimario, un corpus ideológico que le ha costado a Argentina más de 3.500 muertos en actos de violencia urbana y 197 desaparecidos denunciados por ONG vinculadas a colectivos de izquierda. Los policías asesinados, sólo este año, en la provincia de Buenos Aires, ascienden a 26.
La encuesta 2012 de índice de temor ciudadano (ITC) que elabora la fundación de la diputada Paola Spátola revela que los argentinos temen ser víctima de un delito en un 76% de los consultados, víctima de un secuestro 3%, quedar cesante 10%, no recibir atención sanitaria 5%, jubilarse con mal ingreso 4%. Todas las encuestas ubican la inseguridad en el 80,82% de la percepción ciudadana del mayor problema a enfrentar.
Datos recientes colocan a Mar del Plata, dentro del universo de esta preocupación específica, en una posición escalofriante. Según ha revelado un informe de la Dirección General de Coordinación de Programas de Protección Comunitaria de Mar del Plata, la zona sudoeste de nuestra ciudad tuvo una tasa de 15,9 homicidios cada 100.000 habitantes, cifra que triplica la tasa nacional -5,5 durante 2009- y duplica el índice de 7,9 que promedió todo el partido de General Pueyrredón en los últimos tres años.
Justamente en esa zona fue asesinado Juan Lema (a) “monedita”, de 22 años y turbulenta vida delictiva desde su temprana adolescencia. Ocho tiros a quemarropa se llevaron su vida cuando se desplazaba en un Renault Fluence. Al estilo de los sicarios colombianos, uno o dos sujetos lo ejecutaron de ocho tiros sin darle la más mínima oportunidad de defensa. Su novia, de 17 años, dice no poder reconocerlos. Cualquiera diría que el silencio es la advertencia que preanuncia venganza y más muertos.
Nadie puede negar ya que hay una relación directa entre la localización del penal en Batán y la comunidad criminal que asuela la ciudad y hoy se liquida entre sí por territorio para la venta de droga. En 1998 le planteé al secretario de Gobierno de Ángel Roig, Carlos Martín, que la oleada criminal que golpeaba la ciudad (ya en esos años) era una consecuencia directa de esta creciente población criminal. En la década del 90, con el cierre de penales en el Gran Buenos Aires, el problema se profundizó. Hoy ya nadie duda, tal como se me respondió entonces, que el vínculo entre la presencia del penal y el delito no es una fantasía paranoide de “vieja chancletuda”.
El propio jefe policial Hugo Matzkin reconoció que Mar del Plata está “favelizada”, y que sacar el penal de aquí es máxima prioridad. Hace falta un salto político urgente al respecto. Hay que lograr que el próximo Concejo Deliberante refleje rápidamente esta urgencia, y que se pida a los legisladores provinciales que se unan en este reclamo a la Gobernación.
Es obvio que para lograrlo hay que ponerse por encima del lugar común. Los libros que aplican los garanticidas recrean una y otra vez la puerta giratoria que hace que criminales con muertes, delitos contra la propiedad y ausencia absoluta de arrepentimiento por su conducta estén en la calle con rapidez sorprendente.
Insistiré en un tema que genera reluctancia. No creo que haya una cuestión ideológica: hay dinero espurio en las libertades concedidas. Hay un negocio fabuloso que se alimenta con nuestra sangre y nuestro dolor. Eso es.
