Ante situaciones diversas que sacuden a la sociedad argentina, la crítica al Gobierno o a integrantes del Gobierno en cualquiera de sus órdenes suele señalar: ¿y el cambio? La propuesta política es CAMBIEMOS, no es “cambiamos”, y esa situación de no cambio y reluctancia a cambiar mucho tiene que ver con lo que nos ocurre a todos día a día.
La cita previa viene a cuento de lo que por caso ocurre en Mar del Plata, en donde, actuando como impulsor de cambios profundos, el intendente Carlos Fernando Arroyo se encuentra a diario con situaciones que son un auténtico obstáculo para dar a la ciudad un plano de equidad en cuanto a derechos y obligaciones que abarquen a todos –y por qué no a “todas”. Ironía, claro—.
Un caso singular es el tránsito del reclamo judicial del municipio ante el fuero contencioso administrativo para que “Hotelera del Mar SA” —nombre de fantasía con el cual Florencio Aldrey Iglesias explota el Gran Hotel Provincial— pague las tasas y derechos que la comuna fija para la actividad, hoy en manos del juez Marcelo Daniel Fernández.
Cabe recordar que en singular acto jurídico, Fernández dio en 2017 un amparo exprés por el aumento del boleto a los accionistas marplatenses Marcelo Artime y Leandro Laserna, para luego enmendarse a sí mismo en su propio decisorio. Un papelón. Y, al parecer, no le fue suficiente, porque va por otro, y ya sería bueno que los correveidile que transitan el foro y vinieron a este periodista con el “Fernández es buen tipo, no pienses mal ni veas conspiraciones en sus actuaciones”, hagan prudente silencio. Hoy se trata de amparar por una vía inexistente en el plexo administrativo la situación de protección política vía jurídica que Iglesias sigue aún obteniendo y ostentando.
A inicios del año pasado, la municipalidad de General Pueyrredón se presentó ante el juzgado de Fernández para contestar un amparo que el juez le había concedido a la empresa del anciano de Lugo, señalando que el amparo era provisto toda vez que el Estado comunal reclamaba (aún lo hace) una suma varias veces millonarias en pago de tasas y derechos vencidos que, a tenor de lo expuesto, se debía a una concesión otorgada por el exintendente Gustavo Arnaldo Pulti que eximía a la empresa Hotelera del Mar SA del pago de dichas obligaciones. Allí surgió la necesidad de la administración de presentarse, por entender básicamente que la concesión de amparo era limitante de derechos, y que correspondía incoar acciones de cobro por impagos porque Pulti se había excedido en sus atribuciones al permitir dichas exenciones.
En la presentación ante el juez Marcelo Daniel Fernández, la comuna estableció que pretende percibir $5.107.268,78 por el periodo 2010/16. El magistrado permitió a la comuna iniciar la acción para que los derechos reclamados no cayeran por imperio del amparo concedido por un año, y ahora, oh sorpresa, renovó dicha tutelar por nueve meses más. Para no aburrir, sólo diré que la extensión del plazo es violatoria de las normas vigentes. Ampliaré en columnas próximas sobre esta gravosa situación que perjudica al erario público, avergüenza a la justicia, y sigue dándolo una protección inexplicable a Florencio Aldrey Iglesias.