El operativo generado por el fiscal general Fabián Uriel Fernández Garello en el área descentralizada de El Gaucho, que arrojó un total de 17 detenidos, todos ellos municipales, y 25 procesados, tiene aún varios capítulos por escribir. Las afirmaciones de Garello, reforzadas por el interventor designado del área, Guillermo Iglesias, en el sentido de que están identificadas unas 200 o 300 personas que obtuvieron el carnet aun con multas impagas, revela que la investigación está sometida a un escrutinio político por el propio Garello, y que hay un acuerdo con Pulti para limitar las cuestiones penales cargosas hasta la persona de Juan Carlos Belmonte, único agente municipal sometido a encarcelamiento por el momento.
Lo que venía ocurriendo en Tránsito era público y notorio. A punto tal que el diario de Florencio Aldrey Iglesias generaba en marzo de 2012 una nota de cobertura señalando que “los trabajadores del área de licencias de conducir habían advertido sobre la posibilidad de que la red sufriera algún tipo de inconveniente y habían planteado la necesidad de realizar algunas modificaciones técnicas que permitieran optimizar el servicio y la atención al público”. En el afán de dar testimonio de la situación, La Capital publicaba: “el propio Mazza (director provincial de Seguridad Vial de la provincia) se ocupó de dejar a salvo a la Municipalidad de General Pueyrredón en cuanto a estos inconvenientes, debido a que las fallas tuvieron lugar en el sistema informático provincial”.
En cada ocasión que los inconvenientes ocurrían, opinaban los mismos funcionarios: Adrián Alveolite, Guillermo Iglesias, y siempre, inevitablemente, se hacía referencia como autoridad entendida en el funcionamiento del lugar, a Juan Carlos Belmonte.
En relación al operativo que los medios de corte y pegue de gacetillas calificaron de “cinematográfico”, en Tribunales ríen socarronamente ante la espectacularidad de un operativo que, quienes entienden de práctica judicial, califican de innecesario. Y de hecho lo fue, porque a 48 horas de producidas las detenciones, a excepción de Belmonte, ya estaban todos en libertad; todos se negaron a declarar por regir el secreto de sumario, lo cual indica ciertamente que bien se podría haber citado a estas personas, imponerles las constancias de la causa, y seguir adelante con el proceso judicial.
Es obvio el interés político de Garello en la causa. La sinergia que mantiene con Pulti es tan obvia, que tienen que estar desde el mismo día del fantasioso operativo manifestando, desde la Fiscalía General o desde el municipio por medio de sus lenguaraces respectivos, que “el intendente colaboró desde el principio”; ello sumado a declaraciones de Garello de que investigaban la cuestión desde hace dos años, razón por la cual, los abogados de la defensa de todos y cada uno de los encartados piensan llevar adelante una acción por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Garello por haber permitido la consecución del delito por dos años.
Es que si Gustavo Arnaldo Pulti colaboró desde el principio, y Garello investigaba desde hace dos años, no se comprende por qué necesitaron tanto tiempo para desbaratar lo que califican de “organización”.
Tal como señalé en mi anterior columna, era un secreto a voces que había una línea de entrega de carnets por fuera de los reglamentos. Y no en la calle: funcionarios judiciales conocían lo que ocurría por boca de terceros. Voceros del STM sostienen que el gremio les soltó la mano a los procesados. La caja que se generaba allí repartía a la política, y al gremio. Tanto grabar conversaciones, Garello ya debería saberlo.
