La pandemia de Coronavirus ha desatado una utilización del miedo a escala global que afecta a toda sociedad sin distinción de raza, religión, o color de piel. Es una cita de Sir Winston Churchill: “no hay peor fascista que un burgués asustado” y, a caballo del susto, todo parece posible.
Esta semana dos hechos marcaron la tendencia de hacer lo que sea, como sea, y sin dar cuenta debida de los actos públicos: uno de ellos, fue el anuncio de la apropiación de vehículos “recuperados del narcotráfico”, el otro, la compra directa de tests de COVID-19 al laboratorio Fares Taie denunciada por el colegio de bioquímicos, en un escándalo que implica la erogación por parte del Estado a un privado de tres millones de pesos.
El pedido de informes de los concejales Horacio Taccone y Paula Mantero puso en letras de molde algo que ya era un reguero de indignación: Fares Taie se había lanzado a la fabricación de elementos de testeo sin cumplir con los niveles de control requeridos para su formal comercialización.
El día que, buscando ponerse al frente de la “épica” de las acciones del Estado frente a la pandemia, Montenegro dijo —en primera persona, obviamente— estar haciendo testeos, pareció un bluff propio de la estrategia adoptada por muchos ante esta situación, en la que se cree que, cuanto más se exagera, más miedo se mete y, por lo tanto, más fácil es manejar a la población.
Pero no: estaban cerrando un negocio directo con un proveedor local que avanzó imprudentemente en un área ríspida como es el desarrollo de un producto de análisis médico. El colegio de biomédicos expresa en su comunicado que “no avala y desaconseja por peligrosas y favorecer la difusión de la pandemia todas las pruebas no validadas por las instituciones competentes. (ANMAT, FDA, CDC)”.
Un compañero de ruta de la actual gestión que funciona con corriente alterna (a veces si a veces no), solía decir “estos vinieron por los negocios”. Hoy, bancando a full, se tomaba de los pelos en un Zoom con compañeros de ruta: “esto es corrupción, locos, esto es corrupción”. No sé si será corrupción. Cuando menos, es imprudente.
Lo que sí es un acto de corrupción es la utilización de los vehículos secuestrados en causas penales que están en curso. Cuando menos, dos de los vehículos presentados con toda la pompa en conferencia de prensa son de legitimo dueño, apropiados ilegalmente por la justicia federal.
En concreto, estos “vehículos recuperados del crimen organizado” en “importante causa de narco criminalidad” son de Juan Carlos Esteban, quien nunca estuvo detenido en el marco de la investigación penal conocida como “lavado total”. Tampoco se le secuestraron armas ni un gramo de droga, no tiene antecedentes penales, y está con falta de mérito desde 2018 por orfandad probatoria. Ergo, es inocente. Tiene dos camionetas Ford Ranger dominios MIO-550 y MMO-697, que le fueron entregadas en depósito a la MGP.
Toda la acusación que pesa contra Esteban, y el secuestro de estos vehículos en particular, está siendo apelado ante CSJN. Además, para que el decomiso preventivo sea definitivo, se requiere de una sentencia condenatoria firme dictada en debate oral y público.
Guillermo Tristán Montenegro es abogado, ejerció la magistratura. No tiene cómo decir que ignora esta situación, que no es irregular: es delictual.