Los episodios vividos en torno a la operación del predio de disposición final están en una nebulosa que la pésima comunicación alrededor del mismo permite que los apropiadores de la renta pública sigan embolsando dinero del erario público por las más diversas vías.
Ha quedado a la vista que el negocio de la empresa lo defendieron quienes hacen de dirigentes gremiales, como Jorge y César Trujillo, y sus pares a la hora de los enjuagues nada claros, Eva Moyano y Juan Vargas. Esto se vio clarísimamente en la fallida reunión en el Ministerio de Trabajo provincial del pasado lunes 8, cuando, ante la sorpresa de los funcionarios municipales, la lista de exigencias de Tecsan —empresa del grupo Roggio— crecía y crecía, hasta llegar a pedidos del pago de dieciocho millones de pesos de modo inmediato so pena de bloquear nuevamente el predio.
El reclamo es por obras que ni están comunicadas, ni se sabe si se hicieron o no. Se presentó en un esquema de presión inaudita con los funcionarios de la cartera laboral provincial, dejando que los gremialistas hicieran y deshicieran a su parecer. Esta situación de violencia verbal insólita —que incluyó insultos variopintos contra el intendente por parte de Juan Vargas, secretario general de Camioneros— condujo a la retirada de los funcionarios de la comuna y a que las negociaciones se llevaran a distancia.
Los funcionarios del intendente mantuvieron una ininterrumpida comunicación con sus pares provinciales, que habían aseverado el viernes 5 que Mar del Plata pagaba el contrato a valores de diciembre de 2017 por los sesenta días que concluyen el viernes 9 de marzo. Finalmente, los pagos que exigía Tecsan serán abonados por la provincia, y los días para terminar esta situación contractual corren raudamente. Hay que tener una respuesta en el muy corto plazo.
Tal como he señalado en la 99.9, estoy convencido de que se sale de esta situación con la ampliación del objeto social de OSSE, que, entiendo, debe pasar a ser una gran empresa ambiental para simplificar el escenario actual que desde hace 33 años está en manos de esta mafia que integran Camioneros y la UOCRA, articulando en esta etapa con el grupo Benito Roggio.
Se ha hablado mucho en sordina de venderle al intendente Arroyo la solución mágica. Que el CEAMSE se haga cargo del tema disposición final en Mar del Plata, por ejemplo. Sería interesante, en ese caso, saber cuál sería el cambio. El CEAMSE es una estructura pública que opera con contratistas privados; per se no está mal, no obstante cabe señalar que las operaciones de disposición final que lleva en José León Suarez son también operadas por Tecsan.
Un dato nada casual es que el secretario general del gremio que nuclea a los trabajadores del CEAMSE, Jorge Mancini, es diputado provincial de Cambiemos por el PRO. Cómo decirlo: demasiados caminos conducen a un mismo lugar… Ahora sí me queda claro qué hacía en medio de este asunto maloliente y escandaloso el ministro de Gobierno de la Provincia, Joaquín De la Torre.