De un momento a otro, el panorama cambia. Fue detenido Eduardo Ullúa, ex integrante de la CNU, actor central en la “Operación Langostino”, y nexo entre Martín Ciga Correa -(a) “Capitán Santa María- y Roberto Atilio Falcone, quien le asistió legalmente a Ciga Correa luego de ser apresado en el restaurant cantina “La Romana” en Mar del Plata en 1984.
Ullúa se había fugado hace nueve años. Hoy, sostiene el relato oficial, fue detenido merced a un delator anónimo, alguien vinculado a él. Muy posiblemente, un traidor. Ullúa eligió no declarar ante el juez federal Santiago Inchausti, y sólo señaló que no daría detalles de su vida en estos años porque no comprometerá a quienes lo cobijaron en este tiempo.
Fue un pistolero de los años de fuego. Se recibió de abogado en prisión junto a Sergio Schoklender, a quien conoció a partir de haber sido condenado por su participación en la que por años fuera considerada la más importante operación de narcotráfico desbaratada en la ciudad. Sus inicios en la violencia datan de los años de la CNU y el episodio brutal de esa etapa de la historia reciente que significó el asesinato de Silvia Filler, un crimen que llevado a juicio significó condenas luego conmutadas en la amnistía de Héctor Campora.
Martín Ciga Correa conducía un Ford Taunus el día en que fue detenido en Mar del Plata. El vehículo había sido robado en Miramar, y en el baúl se halló una ametralladora Uzi de origen israelí y granadas MK5 españolas. Quien fuera jefe de los grupos de la muerte que operaron en El Salvador como mano de obra de la CIA, invocó su condición de militar ante los policías bonaerenses, pero de nada le sirvió, ya que el juez criminal en turno, Pedro Federico Hooft, decidió que debía ser detenido y puesto a disposición de su juzgado.
Ciga Correa pidió entonces un favor: ser conducido a una dirección que tenía apuntada por si había problemas en Mar del Plata. Los policías, al límite de su deber, consintieron -cabe aquí detallar que hacía meses que transitábamos la democracia, y para la Bonaerense, un militar aún era un superior directo-. El domicilio al que lo condujeron era el de Eduardo Ullúa, que le trasmitió a Ciga Correa un mensaje tranquilizador: “los amigos se van a ocupar”. El amigo al que contactó en minutos fue el abogado Jorge De La Canale, penalista local profundamente vinculado al poder militar y que había sido abogado de la intervención de la UOM durante la dictadura por pedido del mismísimo Lorenzo Miguel. Fue precisamente De La Canale quien tomó primero contacto con Ciga Correa, para luego llevarlo con Roberto Atilio Falcone, quien procuró por él para quitarle la causa a Hooft y llevarla al fuero federal.
Otro “amigo”, el por entonces juez federal Julio Pettigiani, lo liberó raudamente y felicitó a Falcone por “lo ingenioso” de su argumento en el escrito presentado para pedir la liberación de Ciga Correa, quien partió de Mar del Plata para nunca más ser visto.
El capítulo de la “Operación Langostino” es extenso, pero trae a la superficie otros nombres muy conocidos. Abogados de Ullúa fueron Roberto Atilio Falcone y Mario Portela, ambos jueces del TOF y principales impulsores del llamado Juicio por la Verdad capítulo marplatense. Pero esa es otra historia.