Antes de desarrollar esta columna, y tal como decía el personaje que encarnaba Alberto Irízar en “Polémica en el bar”, aquel gallego inolvidable que atendía el mostrador, “quesería decir unas palabras”.
Me resulta indiferente si Vilma Baragiola preside o no el Concejo Deliberante; me resulta indiferente si esta situación devenida ya en escándalo político y mediático signa negativa o positivamente su destino como actor de la política local. Eso es su responsabilidad: ella es un adulto que ha transcurrido toda su vida en política y debería saber que en esa lid, si hay un pecado, es la inocencia.
Dicho esto, voy por los hechos: la reunión entre Vilma Baragiola y María Eva Moyano en la sede del Sindicato de Camioneros, obvio es que existió. ¿Hubo en la circunstancia un pedido de dinero, vulgarmente dicho, un pedido de coima? No, no lo hubo. ¿Es apropiado que la presidenta del Concejo Deliberante se desplace hasta las oficinas de la dirección de un gremio para conversar en privado sobre un tema de interés público, como lo era el pedido efectuado por Camioneros para demoler el chalet de Falucho y Santa Fe? Entiendo que no lo es. ¿Constituye algo de todo lo citado una cuestión penal? Claramente no.
Si la postura de los bloques políticos, llevados de la nariz por la maniobra urdida por Gustavo Arnaldo Pulti e instrumentada por medio de María Eva Moyano, es de la gravedad institucional que se pretende, hay que colocarla por lo menos en el mismo orden de mérito que cuestiones que todos los concejales y medios que han batido el parche estos días conocen. A saber: la situación del secretario de Seguridad, Justicia y Control municipal Adrián Alveolite, sometido a proceso penal con graves imputaciones tales como abuso de autoridad y falsedad de instrumento público, y la no menos comprometida que pesa sobre el titular de Inspección General Eduardo Bruzzeta. Y no dejaré de recordar que hace más de dos años, el vecinalista Alberto Mayo denunció que Javier Woollands, concejal de AM, entregaba en persona el ochenta por ciento del dinero de los módulos a la esposa de Pulti, Lucila Branderiz, y que esa conducta era seguida por todos los concejales de dicha agrupación ya que “había que pagar la campaña”.
O todo lo que está mal, está mal, o hay que ponerlo -todo- en el contexto propio de la acción política, en el que mucho de lo que se hace para “pagar la política” repugna a la conciencia del ciudadano promedio.
Claro que hay un modo de cortar todo esto, y es sacar a “la política” del mercado publicitario; se cortaría de raíz buena parte de lo que, en tanto expuesto, repugna a la buena conciencia cívica. Uno de los que más han cortado y pegado estos días la campaña digitada desde las sombras por GAP fue, ni bien Baragiola asumió la presidencia del HCD, a pedir una “ayuda” mensual, consistente en algo así como dieciséis mil pesos. Otros, que agitan un espacio digital que monitorea a diario la concejal Marrero, pidieron menos, pero pidieron; fueron con la escudilla. En esta movida, el odio que les dio que les dijeran que no, que no había plata, y que publicaran lo que quisieran, dio el puntapié inicial a esta maniobra.
Al momento de escribir estas líneas, el diario La Capital publica la declaración de María Eva Moyano, en la que reconoce que nadie le pidió dinero. Si la supuesta “víctima” de tal deshonesta demanda dice que no hubo tal, debería ser suficiente para terminar este tema falso, perverso y claramente motivado por el resentimiento que en su conducta siempre promueve Gustavo Arnaldo Pulti, debajo de su máscara eficaz de tipo medido y atento al bien común.
