La jueza María Servini de Cubría procesó a tres empleados de Anses y a cuatro directivos de la cooperativa Ferromar por estafar a jubilados a quienes les descontaban dinero de sus haberes por una prestación que nunca habían aceptado tener.
A través de la intervención de la jueza María Servini de Cubría, se procesó a tres funcionarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y a cuatro directivos de la cooperativa Ferromar, en el marco de una investigación por estafas a jubilados y pensionados durante seis años.
Todo comenzó con una demanda que inició la pensionada Martha de la Fuente, y los siete procesados fueron acusados de formar parte de una maniobra por la que se les descontó pequeños montos de dinero durante varios meses a 77.478 pasivos, por supuestos servicios que nunca habían contratado.
La estafa no fue menor, ya que lograron sacarles a los jubilados $ 4.478.572,63, cifra que se determinó según la investigación judicial y que fijó un embargo por ese mismo monto contra Julio Garialde, María Verónica Garialde, Epifanía López y Luis Cariati, todos de Ferromar.
En el caso de los funcionarios de Anses, se fijó un monto de 500.000 pesos en cada caso, porque, según entendió la jueza, tenían la posibilidad de detectar e impedir esos descuentos. El cargo que les cabe es el de “coautores” del delito de “estafas reiteradas”. Los empleados son Esther Rodríguez (a cargo de la gerencia de la Unidad Central de Apoyo), Isabel Lovrincevich (gerenta de Investigaciones Especiales) y Mariano Casabella.
El fraude consistía en cobrarles mediante un descuento en los haberes una supuesta cobertura de emergencias médicas, pese a que los jubilados no se habían afiliado a la cooperativa que en 2009 fue dada de baja del listado de las que pueden cobrar cuotas por descuento de haberes.
Si bien el fallo fue dictado en 2012, fue apelado en los últimos días. La causa comenzó en 2006 cuando De La Fuente advirtió que desde enero de 2005 le descontaban entre $1,70 y $2,10 en sus ingresos, identificado por un código que hasta entonces desconocía. Una vez que lo supo, se dio cuenta que no sería la única, sino que habría más personas en su misma situación. Los responsables de la cooperativa se defendieron al ser indagados diciendo que era un “un error involuntario” en el ingreso de datos que había cometido una consultora que tenía como objetivo afiliar personas. La jueza rechazó esa y otras explicaciones de los directivos de Ferromar, a las cuales calificó como disparatadas.
El fallo es enfático en la necesaria participación de los empleados de la Anses para consumar la estafa: “Si a la Anses pudiéramos tratarla como a una única persona de existencia física (…) su participación en la maniobra atribuida a los imputados de la cooperativa Ferromar no ofrecería mayores dudas”, dice el fallo. De todas maneras, se aclara que la responsabilidad no puede ser imputada a todo el organismo, sino a determinadas personas. También se investigó a otros cinco funcionarios, que fueron sobreseídos, y a uno más que falleció durante la investigación. La resolución no descarta que pueda haber más involucrados en la causa.
Por último, se agregó que la responsabilidad de los empleados públicos se da por haber autorizado los descuentos ilegítimos sin haber recurrido a los “más elementales criterios de control”. Además, se advierte que tras conocerse las irregularidades, “se demoró la rescisión del convenio prestacional”.